La Organización Escuela Cívica Militante (ECM), con sede en Buenos Aires y Hohenau (Itapúa), presentó denuncia en la Fiscalía General del Estado contra todos los intendentes del Paraguay por usurpación de funciones públicas. La misma remitirá una nota a todas las fiscalías adjuntas de cada departamento, para solicitar el inicio de la investigación.
El presidente de la organización, Abudino Gaona, expresó que la promulgación de la ley que extendió el periodo de mandato de los intendentes, en noviembre de 2022, no es válida. Argumentó que la misma contradice lo dicho en el cuarto párrafo del artículo 290 de la Constitución Nacional: “No se utilizará el procedimiento indicado de la enmienda, sino el de la reforma, para aquellas disposiciones que afecten el modo de elección, la composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado”.
En la nota de pedido exigen al Ministerio Público que inicie de oficio las investigaciones a los 263 intendentes del Paraguay, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 241 del Código Penal Paraguayo, que se encuentra dentro del capítulo VI que describe “Hechos punibles contra la Seguridad y Convivencia de las Personas”.
En ese sentido, se tipifica a la “Usurpación de funciones públicas” como “El que sin autorización asumiera o ejecutara una función pública o realizara un acto que sólo puede ser realizado en virtud de una función pública, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa”.
Pedidos de inconstitucionalidad
Los organizados refieren que tienen ingresados dos pedidos de inconstitucionalidad ante la Corte, que no son atendidos por el Estado paraguayo. La primera con relación a la enmienda que permite el voto en el exterior. La segunda contra la ley que extiende el periodo gubernamental de los intendentes, en ambos casos por contradecir lo estipulado en la Constitución Nacional.
Para la reglamentación del voto en el exterior, por la enmienda constitucional del artículo 120, no es aplicable, debido a que se contradice con otras disposiciones de la Constitución Nacional, entre las que citan los artículos 132, 259 y 260, según explicaron. Tampoco estaría en concordancia con el artículo 550 del Código Procesal Civil.
Los organizados además realizaron un llamado a la acción a la ciudadanía, para solicitar el cumplimiento de la Constitución Nacional, que habilita a los ciudadanos a “resistir a los usurpadores”, refieren.