El juez Humberto Otazú convocó para el 11 y 12 de marzo a todos los acusados en el marco de la causa Esteban Samaniego sobre posible lesión de confianza. Sin embargo, una vez más fue presentada una chicana para evitar la diligencia judicial.
En esta ocasión la defensa de la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán, apeló la convocatoria a audiencia preliminar, logrando así suspenderla.
Patricia Corvalán está acusada por lo supuestos hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal, que investiga un desvío de recursos municipales de G. 1.100 millones durante la gestión de su esposo Esteban Samaniego cuando era intendente de Quyquyhó, departamento de Paraguarí.
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También está acusada Blanca Álvarez, madre del parlamentario por los supuestos de los hechos punibles de administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de dinero.
Además están acusados por administración en provecho propio y lavado de dinero Manuel Olazar y Andrés Alfredo Arrúa Brítez, este último es un empresario constructor, amigo del diputado Sanamiego que actualmente acapara las obras municipales durante la gestión de Patricia Corvalán.
Asimismo, están acusados por administración en provecho propio y asociación criminal: Enrique Lovera Lezcano, Guido Vargas Gaete, Carlos Bareiro Bogarín, Ruth Medina Yegros, Líder Ramírez Ramírez y Pedro Ettiene Villanueva.
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Además, por asociación criminal fueron acusados: Benigno Villasboa Cáceres y Óscar Samuel Fanego Otazú, y por administración en provecho propio, fueron acusados: Damián de Jesús Galarza y Christian Daniel Domínguez.
El diputado, si bien está imputado, sigue sin ser acusado debido a que sus colegas parlamentarios lo blindan y no lo desafueran.