El equipo fiscal de Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce, bajo la batuta de Emiliano Rolón, ha ignorado un arsenal probatorio que destruye su relato ficticio contra el Banco Atlas. Las evidencias no solo son irrebatibles, sino que delatan un dolo manifiesto o una obediencia ciega a intereses externos. Esta persecución es el brazo ejecutor de una venganza política orquestada por Alejandro Domínguez, utilizando a la Conmebol como escudo y contando con el respaldo directo del Gobierno de Santiago Peña.
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El objetivo es claro: un sicariato fiscal para amordazar a la prensa crítica. Es la represalia por las publicaciones que desnudaron los vínculos con el FIFAgate, los turbios negocios en Petropar, la entrega de billones de guaraníes públicos a “bancos amigos” y el escandaloso hallazgo de sobres con dólares en Mburuvicha Róga. Irónicamente, los documentos recolectados por la propia Fiscalía son los que hoy demuelen su investigación.
El atropello a la SIB
En su afán persecutorio, los fiscales llegaron al extremo de usurpar funciones de la Superintendencia de Bancos (SIB), rectora del sistema financiero. Con una “ignorancia atrevida”, cuestionaron el dictamen técnico del 9 de junio de 2016, donde la SIB concluyó que los fondos de Leoz eran de antigua data (desde 2002) y que la debida diligencia de Atlas fue razonable.
Mientras la autoridad competente validó el proceso, la Fiscalía pretende criminalizarlo. Resulta sugestivo que exfuncionarios que intervinieron en el caso, como Franklin Boccia y Juan Gustale, hoy ocupen altos cargos en el Grupo Vázquez Sae, exsocio comercial de Santiago Peña.
12 años de capitalización
La tesis fiscal de que “no hubo debida diligencia” es una falacia desmantelada por los registros. Desde 2002, las cuentas de Leoz tuvieron una trazabilidad impecable: depósitos de G. 180 millones mensuales por la administración de propiedades a través de Inmobiliaria del Este SA.
Leoz no retiraba fondos; capitalizaba intereses y constituía CDA trimestrales. El origen era lícito y documentado. El Ministerio Público, en un acto de analfabetismo contable, confundió el término técnico de registros internos “en efectivo” solo con dinero físico, intentando instalar una mentira técnica sobre una operativa bancaria.
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Incluso la Seprelad, bajo la gestión de Liliana Alcaraz –exfiscal de este caso y quien recibía instrucciones directas del abogado Claudio Lovera por correo electrónico–, tuvo que admitir un reporte de 2007 que ya mencionaba la licitud de los depósitos por ventas de inmuebles. El informe es demoledor: Leoz nunca retiró sus fondos, decía el reporte de ese año. La Fiscalía simplemente ignora su propio archivo para no arruinar el libreto.
El relato falaz
La desesperación por incriminar al Grupo ABC llevó a la Fiscalía a falsear la cronología. Señalan la apertura en 2010 de una cuenta con un cheque del Banco Do Brasil de US$ 500.000 como irregular. Sin embargo, Atlas pidió la justificación y obtuvo el respaldo de la venta de ganado por US$ 680.000, fondos que se depositaron originalmente en la entidad bancaria a la que la Fiscalía jamás molestó, pese a que esta era la encargada de las diligencias iniciales. Atlas entregó a la SIB un perfil exhaustivo: escrituras de los años 90, participaciones en Sanatorio Migone y NL Stevia, e incluso actas de vacunación de 9.000 cabezas de ganado. La entidad cumplió cada paso de la ley; lo que queda es la evidencia de un Ministerio Público convertido en una burda herramienta del poder.