Otro golpe al personal de blanco: Diputados tratarán veto al resguardo y jubilación de radiólogos

el Poder Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto de ley que regula el ejercicio profesional de la radiología. (Foto de IA referencia). Foto generada con IA

La Cámara de Diputados se reúne este lunes a las 14:00 para integrar la Comisión Bicameral de Presupuesto 2027 entre otros puntos. Uno de ellos es el tratamiento del veto parcial del Ejecutivo en la Ley que regula la profesión de los radiólogos. Peña estuvo en contra de reducir la carga horaria de los turnos, aumentar el descanso profiláctico por exposición a radiaciones y el régimen de jubilación ordinaria aprobado en el Congreso.

En el marco de la huelga de médicos y las movilizaciones del personal del blanco, este lunes se realizará una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para reponer la que se levantó sin tratar ni un punto la semana pasada por falta de quórum.

Entre los puntos principales figuran delegar a la mesa directiva la designación de miembros para la Comisión Bicameral de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2027.

Así también, se trataría la aprobación de una donación de más de US$ 1 millón a favor de la cuestionada ministra de Obras, Claudia Centurión. El monto se usará en la “preparación” para el “Proyecto de infraestructura logística y transporte de Itapúa, Paraguay”.

Veto a descansos y jubilación de Radiólogos

Además de eso, el pleno de la Cámara de Diputados también tratará el veto parcial del Poder Ejecutivo a la nueva ley que regula la profesión de los radiólogos. La objeción ya fue acepta por la Cámara de Senadores por lo que el trámite en Diputados es un formalismo.

Las objeciones apuntan contra la reducción a la carga horaria de los turnos, el aumento de los descansos profiláctico por exposición a radiaciones y el nuevo régimen de la jubilación ordinaria que en su aprobación previa en ambas cámaras del Congreso se justificó por el contacto constante con material peligroso.

Veto a exoneración de impuestos a vehículos de bomberos

Si bien el gobierno de turno no duda en exonerar de impuestos a todo tipo de eventos internacionales, sí tiene reparos en que el Congreso apruebe exenciones fiscales a causas más nobles.

El pleno de la Cámara Baja también debe tratar el veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que exonera de impuestos y tasas la importación de vehículos especializados donados o adquiridos por los bomberos.

Una recaudación solidaria para pagar gastos de importación de un camión autobomba de bomberos.

Durante su tratamiento, varias compañías de bomberos señalaban que aunque recibían vehículos de rescate donados por otros países, en el Paraguay debían enfrentar con polladas y rifas el costo impositivo de la donación.

El argumento de la objeción es redundancia normativa, defectos técnico-jurídicos y presupuestarios que “podrían tornar inviable la propuesta legislativa”.

Refugios para autistas

El pleno también debería analizar el proyecto de ley, incluido en el orden del día, por el cual se crean “Espacios sensoriales para la inclusión de las personas con trastorno del espectro autista (TEA)” que establece la obligatoriedad de habilitar ambientes especializados tanto en espacios públicos como en establecimientos privados de acceso público.

El proyecto abarca una gran variedad de espacios que deberán contar, obligatoriamente, con estas áreas especializadas: centros comerciales, aeropuertos, terminales de transporte, museos, bibliotecas, centros culturales y educativos, clubes deportivos, plazas, parques y cualquier lugar de concurrencia familiar.

Establece que los espacios sensoriales deberán incluir elementos específicos como iluminación regulable y suave, paneles para reducción de ruidos, elementos táctiles diversos, luces LED de colores calmantes, áreas de descanso con colchonetas, accesibilidad física completa y personal capacitado para asistir a las personas con TEA y sus familias.

La supervisión del cumplimiento, según la propuesta, quedará a cargo de las municipalidades, que trabajarán en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

Los establecimientos privados que no cumplan con la normativa enfrentarán sanciones que van desde la amonestación escrita hasta la clausura definitiva, dependiendo de la gravedad y reincidencia del incumplimiento.

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