La Comisión de la Cámara de Senadores encargada de investigar presuntas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), presidida por el senador Dionisio Amarilla, definió su hoja de ruta de trabajo.
El órgano parlamentario —conformado tras el escándalo por la imputación de dos expresidentes y varios funcionarios por supuestos malos manejos de fondos y obras— acordó iniciar sus audiencias el próximo 8 de octubre con la citación al contralor general de la República, Camilo Benítez, para luego dar paso a las autoridades de la previsional y del sector financiero.
El titular de la comisión investigadora del Senado informó que se ajustó el cronograma inicial de actividades.
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Convocan a contralor general
Aunque en principio se contemplaba convocar en primer lugar al presidente del IPS, Derlis León, los integrantes del cuerpo legislativo determinaron que sea el contralor general de la República quien abra la serie de comparecencias el próximo 8 de octubre, presentando los reportes e informes de auditorías financieras y de gestión realizadas a la institución.
Posteriormente, en la semana siguiente, se prevé la presencia de las autoridades y directivos del IPS.
IPS: 36 formularios sobre activos, deudas y personal
Según explicó Amarilla, la comisión elaboró un conjunto de 36 formularios de recopilación de datos de carácter multidimensional, considerando la complejidad del IPS. Las solicitudes abarcan aspectos clave de la gestión institucional:
- Recursos humanos: informes sobre la totalidad del personal, detallando directivos, administrativos y personal de blanco.
- Contrataciones y tercerizaciones: rendición sobre contratos, adjudicaciones, pagos realizados, servicios tercerizados y los criterios aplicados para seleccionar a qué proveedores abonar.
- Pasivos y deudas: origen de la acumulación de deudas, nómina de proveedores acreedores, montos bancarizados, plazos y tasas de interés.
- Activos e inmuebles: inventario detallado de equipos, edificios y propiedades de la institución, especificando cuáles están arrendados o en proceso de venta.
- Insumos y fondos: volumen y stock de medicamentos, así como el historial de colocaciones financieras.
Aunque las herramientas de control se diseñaron enfocadas exclusivamente en el IPS para esta primera fase, se prevé que varios de estos formularios sean utilizados más adelante para requerir información al Ministerio de Salud, conforme indicó Amarilla.
Indagación sobre la colocación de fondos jubilatorios
Otro de los ejes principales de la investigación apunta a la administración de los fondos de jubilaciones y pensiones y su colocación en el sistema financiero.
La comisión solicitó informes sobre el período comprendido entre 2021 y la fecha actual, ante la sospecha de una histórica concentración de recursos en determinadas entidades bancarias.
“Nosotros pedimos que el IPS nos remite los datos en el período 2021 a la fecha porque sospechamos que la concentración de fondos siempre hubo, solo que ahora se abrieron otros competidores en materia de captación de fondos. Pero esa sospecha queda solamente en ese ámbito hasta que tengamos esos datos fehacientemente informados por la previsional”, declaró el senador.
En el marco de este eje, se agendó para el mes de noviembre la citación de la superintendente de Jubilaciones y Pensiones, Griselda Figueredo, así como de representantes de los diversos gremios bancarios -como Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y Asociación de Bancos y Financieras del Paraguay (ABAFI)- para evaluar el cumplimiento de las normativas del Banco Central del Paraguay (BCP) y los límites de colocación.
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Derivación de hallazgos a la Fiscalía
Consultado sobre el actuar de la comisión en caso de detectar indicios flagrantes o sospechas fundadas de corrupción durante el proceso de relevamiento de datos, Amarilla señaló que el procedimiento reglamentario consistirá en elevar un informe detallado al pleno de la Cámara de Senadores.
Agregó que será dicho estamento el encargado de formalizar las denuncias correspondientes ante las instancias pertinentes, incluyendo al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Poder Ejecutivo.