El 30 de setiembre de 2025, Óscar Urdapilleta, empleado de Itti (del Grupo Vázquez SAE) dio, quizás, el salto más afortunado de su vida. Y es que ese mismo día se convirtió en accionista de dos empresas de sus jefes. Una es el Grupo Hendy SA y la otra Grupo M SA.
En la primera se quedó con el 10% del paquete accionario, valuado en G. 197 millones, mientras que en la segunda empresa con el 90% de las acciones, por G. 1.476 millones. Es decir, en un solo día movió G. 1.673 millones, según los datos recabados por la Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras Sistémicas (EFS) del Banco Central del Paraguay (BCP).
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Y vinieron los préstamos
Tal como ocurrió con el Grupo Hendy SA, la empresa Grupo M SA empezó a tener préstamos de Ueno Bank (del Grupo Vázquez SAE). La “suerte” fue tal que los créditos se aprobaron con plazos extensos, ausencia de “garantías reales” y “sin sustento documental adecuado”, según informes de la banca matriz.
El Grupo M es la sociedad que está detrás de la empresa Pagopar, una fintech enfocada en soluciones tecnológicas, reconocida por gestionar la pasarela de pagos y facilitar el comercio electrónico.
El informe de la Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras Sistémicas (EFS), fechado el 8 de junio de este año, describe que el Grupo M SA accedió a los préstamos de Ueno Bank por un monto total de US$ 62 millones, dividido en dos fases.
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La documentación señala que se otorgaron tres operaciones de crédito, desembolsadas en distintos periodos. El destino era para la inversión en el desarrollo tecnológico de Pagopar.
En la Fase 1 se entregó un préstamo de US$ 23.100.000 y, en la Fase 2, US$ 38.923.077. Es decir, entre los dos suman US$ 62.023.077, de los cuales a abril de este año el saldo pendiente era de G. 237.105 millones (US$ 39 millones).
Montos desproporcionados
Los supervisores constataron que el financiamiento fue otorgado “sin garantía y sin que se evidencie una estructura de repago proporcional a la magnitud de los desembolsos comprometidos”. Los millonarios créditos se hacían a sola firma, con tasas de interés de entre el 7,5% y el 8%, a plazos de 7 y 8 años.
El informe hace énfasis en que las condiciones de financiamiento fueron preferenciales, con “montos desproporcionados, plazos extensos, ausencia de garantías reales y aprobación sin sustento documental adecuado”. Para el equipo supervisor, la operación del banco –que logró capturar en tres años G. 4,8 billones (US$ 850 millones de fondos públicos y del IPS– configura “un esquema de financiamiento que se aparta de los parámetros prudenciales”.
Y agrega que “en términos de capacidad de repago, la deuda de largo plazo supera aproximadamente 11,85 veces los ingresos del periodo analizado, lo que refleja un nivel de endeudamiento significativamente elevado en relación con la generación de recursos de la empresa”.
El informe dice que, desde la perspectiva del riesgo crediticio, “la composición del activo está dominada por partidas de baja liquidez inmediata y la deuda de largo plazo supera en casi diez veces los ingresos analizados de la empresa”. Los factores –según la documentación– condicionan de “manera significativa la capacidad de repago de los compromisos ante variaciones adversas en los ingresos o en las condiciones de refinanciamiento”.
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Todo terminaba en otras empresas
El documento del área de supervisión encontró que los préstamos obtenidos por el Grupo M SA fueron transferidos a empresas vinculadas al Grupo Vázquez, como Itti SAECA, Red Digital SAECA y Kaitel SA. En cuanto a los sobregiros, entre enero y mayo de este año, también fueron depositados en cuentas de empresas vinculadas al mismo grupo empresarial: Itti, Red Digital de Procesamiento SA (Redipro) y Red Digital SA.
Además, se señala que la fuente de repago de la primera cuota de uno de los créditos hechos al Grupo M, realizado el 29 de abril del 2026, y la amortización de dos sobregiros, provienen de Itti.
En ese sentido, la Intendencia señala la “presunción de vinculación cuando la capacidad de pago de uno de ellos esté íntimamente vinculada o dependa significativamente de otro por existir relaciones financieras o económicas difícilmente sustituibles en el corto plazo, conforme términos previstos en la Ley N° 861/96”.
Gran parte de las operaciones se registraron entre setiembre del 2025 y abril del 2026.
El camino de la empresa
Grupo M SA fue constituida con un capital de G. 100 millones en 2014. El 17 de enero del 2024 pasó a tener dos nuevos beneficiarios finales: Federico Miguel Vázquez (60%), accionista de Itti SAECA- Grupo Vázquez, y Jack Fleischman (26,83%).
El 13 de julio de ese año, Itti pasó a tener el 60,82% del paquete accionario. Y para el 30 de julio de 2025 (un año después), Itti pasó a controlar el 99,02% de las acciones de la empresas, mientras que el Grupo Vázquez SAE quedó con el 0,98%.
Dos meses después de este trámite, el 30 de setiembre de 2025, Itti transfirió 1.476 acciones 1.476 acciones a Óscar Urdapilleta, el 90% del paquete accionario, y Diego Gómez (CEO de otra empresa del Grupo Vázquez: Hanoi SA) se quedó con el 10%.
El informe señala, al igual que lo hizo en el análisis del Grupo Hendy SA, que Óscar Urdapilleta es director titular de Red Digital SA y Ueno Casa de Bolsa. Además, se muestra en el sistema interno de “Bankitti” como funcionario de Itti. “Estas empresas forman parte del grupo económico/vinculado de Ueno Bank SA. Conforme memorias 2025 publicadas en la página web institucional de cada entidad”.
A renglón seguido, el equipo supervisor recuerda que el artículo 47 de la ley 5787/2016 establece que “se considerará como una sola unidad de riesgo al conjunto de personas físicas o jurídicas que mantengan entre sí o con la entidad financiera, interrelaciones de dirección, gestión o administración o control de negocios, o que mantengan relaciones estables de negocios, o capitales o de administración que permitan a una o más personas físicas o jurídicas ejercer influencia preponderante y continua sobre las decisiones de las demás”.
Otra vez Pizzurno
Otro nombre que se repite en la empresa Grupo M SA es el de Sergio Pizzurno, director comercial de Technoma SA, proveedor del Estado, y a su vez accionista de Mowi SA, otra firma beneficiada con millonarios préstamos de Ueno Bank.
Pizzurno, quien cumplió funciones de gerente general, primero de Itti (2021) y luego de Wepa (2021-2024), ocupa el cargo de director titular en Grupo M SA.
Tanto Grupo M SA como Grupo Hendy SA y Mowi SA tienen otro aspecto común. Se trata del correo electrónico consignado para el registro de beneficiados ante el Ministerio de Economía y Finanzas.
Entre las tres empresas (Mowi, Grupo Hendy SA y Grupo M SA) sumaban a abril de este año saldos pendientes de los préstamos contraídos por un total de G. 743.784 millones (US$ 123 millones). Este monto sobrepasa por G. 250.337 millones el tope legal del 20% (G. 493.447 millones) que tenía permitido Ueno Bank para prestar a sus empresas vinculadas.
Un pedido al BCP que destapó todo
La operativa de Ueno Bank, del Grupo Vázquez SAE (presidido por Federico Miguel Vázquez), quedó al descubierto tras un pedido de informe que remitió el Senado al Banco Central del Paraguay (BCP). En esa solicitud, la Cámara Alta preguntó sobre un memorando que redactó el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, sobre operaciones de excesos en el tope de préstamos a empresas vinculadas.
El Senado, a través de tres legisladores cartistas, pedía a la banca matriz conocer de manera específica las recomendaciones que fueron expuestas en ese documento, además de las medidas adoptadas por el BCP contra el banco de los exsocios comerciales del presidente Santiago Peña.
El BCP respondió el miércoles último. Sin embargo, lo hizo a medias y con ninguneo a las advertencias de su ex alto funcionario e incluso a otros informes de otras dependencias del BCP a los cuales logró acceder en los últimos días nuestro diario. En estos documentos se describe una operativa de préstamos por parte de Ueno Bank (que maneja US$ 850 millones de fondos públicos y del IPS) a sus empresas vinculadas por encima del tope legal y bajo condiciones preferenciales.
La banca matriz se escudó en el secreto bancario para no contar fechas, plazos y otras medidas. Se limitó a hablar de un trámite inexistente en la ley: un “presumario”, y que recién a mediados de septiembre (luego del pedido del Senado) decidió abrir un sumario, sin especificar la fecha de apertura.