El 10 de julio de 2026, el entonces gerente de Supervisión del BCP, Fernando Rivarola, emitió un informe de 25 páginas en el que documentó serias irregularidades en la gestión de Ueno Bank, entidad perteneciente al Grupo Vázquez SAE.
El documento fue presentado poco después de que Rivarola fuera apartado de su cargo y derivado a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) mediante un decreto firmado por el presidente Santiago Peña, exsocio comercial del conglomerado hasta marzo de 2025.
En el reporte, el exfuncionario advirtió a la Superintendencia de Bancos (SIB) sobre una “ingeniería contable” orientada a burlar los límites regulatorios de crédito a partes vinculadas. Específicamente, recomendó rechazar la venta de cartera a la firma Vinanzas SA, maniobra con la que la entidad pretendía subsanar los excesos cometidos con MOWI SA, Grupo M SA y Grupo Hendy SA.
Adicionalmente, la fiscalización detectó préstamos a otras tres firmas del grupo (Tuiu SA, Franede SA y Aime SA Corredores de Seguros), lo que agravó el incumplimiento normativo. Rivarola subrayó las “paupérrimas condiciones crediticias en las que fueron analizadas y concedidas estas operaciones”, señalando que existen indicios de una aplicación incorrecta de los desembolsos, los cuales superaron los límites prudenciales por más de 10 días corridos.
Ante la gravedad del escenario, el exgerente instó a la SIB a aplicar el artículo 6º de la Ley Nº 2334/03 e exigir de inmediato un Plan de Regularización a Ueno Bank para precautelar los depósitos del público, sin perjuicio de las sanciones administrativas o investigaciones jurídicas correspondientes.
De acuerdo con los saldos verificados por el BCP, al cierre de abril pasado las operaciones de Ueno Bank solo con las empresas vinculadas MOWI, GRUPO HENDY SA y GRUPO M SA sumaban G. 743.784 millones (US$ 123 millones).
La cifra equivale al 30% del patrimonio efectivo a ese mes del banco (estimado en G. 2,46 billones). Es decir, para esa fecha el exceso era de G. 250.337 millones (alrededor de US$ 41,5 millones).