El Senado vuelve a poner en agenda los proyectos de ley conocidos como “ley anti Rivas”, que buscan poner freno a la creación de nuevas universidades e institutos superiores en Paraguay, en medio de las cuestionadas habilitaciones académicas y el escándalo de los títulos falsos que tuvo como protagonista al exsenador cartista Hernán Rivas.
Las dos iniciativas legislativas plantean moratorias para la expansión de la oferta universitaria, aunque difieren en su alcance y duración. Una propone suspender por dos años la creación de nuevas universidades e institutos superiores privados, mientras que la otra plantea una pausa de cinco años para la creación de universidades públicas y privadas, además de restringir la habilitación de nuevas carreras, facultades, filiales y sedes de Derecho y Medicina.
La Comisión de Educación y Cultura, presidida por la senadora liberal Hermelinda Alvarenga de Ortega, recomienda al pleno aprobar ambos proyectos con modificaciones. Alvarenga está vinculada a la universidad privada Nihon Gakko, un antecedente relevante en el debate sobre los controles y la regulación de las instituciones de educación superior.
¿Qué proponen los proyectos de la ley anti Rivas?
La primera iniciativa, presentada por los senadores Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain y Lucía Mendoza, plantea establecer una moratoria de dos años para la creación de nuevas universidades e institutos superiores privados.
El objetivo es aprovechar ese periodo para revisar los mecanismos de control, fortalecer la evaluación académica y priorizar la calidad de la enseñanza antes de autorizar nuevas instituciones.
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El segundo proyecto fue presentado por ocho senadores del Bloque Democrático: Celeste Amarilla, Esperanza Martínez, Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Líder Amarilla, Éver Villalba, Ignacio Iramain y Eduardo Nakayama.
Esta propuesta establece una moratoria de cinco años para la creación de universidades públicas y privadas. También plantea suspender durante ese periodo la habilitación de nuevas carreras, facultades, filiales, sedes, subsedes y extensiones de Derecho y Medicina.
El caso Hernán Rivas, detrás de la discusión
El debate sobre las moratorias se produce después de la condena del exsenador cartista Hernán Rivas a ocho años de prisión por producción y uso de documentos públicos de contenido falso vinculados a su título de abogado.
El caso expuso cuestionamientos sobre los mecanismos de verificación de antecedentes académicos y los controles aplicados a los títulos universitarios. Rivas llegó a ocupar una banca en el Congreso y a representar al Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), mientras sus antecedentes académicos eran objeto de cuestionamientos.
En ese contexto, los proyectistas sostienen que el crecimiento de la educación superior debe estar acompañado de estándares verificables de calidad, transparencia y sostenibilidad.
¿La moratoria cerrará las universidades que ya funcionan?
Las propuestas buscan frenar temporalmente la creación de nuevas instituciones, pero no plantean el cierre automático de las universidades existentes ni la eliminación de los títulos ya expedidos.
La iniciativa de dos años apunta a consolidar la oferta privada actual y fortalecer los mecanismos de evaluación y acreditación. Por su parte, el proyecto de cinco años incorpora restricciones específicas para la expansión de las carreras de Derecho y Medicina.
Los senadores promotores argumentan que, antes de seguir ampliando la oferta, es necesario conocer qué carreras funcionan, cuáles cumplen los estándares de calidad y cuál es la demanda real del país.
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Según datos de la exposición de motivos del proyecto de cinco años, Paraguay cuenta con 58 universidades fundadas por ley: 10 públicas y 48 privadas. En el área de Derecho, datos de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) citados en la iniciativa señalaban que, en abril de 2026, había 191 titulaciones autorizadas y solo 33 acreditadas.
La discusión en el Senado pondrá nuevamente a prueba la voluntad política de avanzar con cambios regulatorios en la educación superior, en un contexto marcado por las denuncias sobre títulos falsos y las dudas acerca de la calidad de algunas carreras universitarias.
Las posturas a favor y en contra de la ANEAES y del MEC
La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) respalda la moratoria de dos años para la creación de nuevas universidades e institutos superiores privados. Considera que el periodo debe servir para consolidar las instituciones existentes, fortalecer los mecanismos de evaluación y acreditación y mejorar los controles sobre la calidad académica.
No obstante, advierte que la suspensión por sí sola no resolverá las debilidades del sistema y que debe acompañarse de acciones concretas, coordinación interinstitucional y rendición pública de resultados.
Por su parte, el ministro de Educación, Luis Ramírez, mantiene una postura más cautelosa y advierte que la moratoria podría cerrar oportunidades a universidades de prestigio interesadas en instalarse en el país. Aunque coincide en la necesidad de mejorar la fiscalización, cuestiona que suspender nuevas habilitaciones sea suficiente para resolver los problemas de la educación superior.
Su planteamiento contrasta con el de la ANEAES, que prioriza la consolidación de la oferta académica existente antes de permitir su expansión.