La Cámara de Diputados acaba de dar media sanción a la modificación de un proyecto de ley que reduce los requisitos –más firmes en la versión original– para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Lo que se presenta como un ajuste técnico es, aparentemente, un nuevo intento de subordinar un órgano extrapoder a los intereses de una mayoría política. El proyecto original, bautizado como “anti-Rivas”, buscaba elevar el estándar: 35 años de edad mínima, diez años de ejercicio profesional y un mandato de un solo año para los representantes legislativos. El cartismo impuso su propia versión: edad mínima de 30 años, apenas cinco años de experiencia y el retorno al mandato de tres años, con posibilidad de reelección. La diferencia descansa entre exigir idoneidad y premiar la mediocridad.

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