La agente fiscal Yeimy Adle solicitó ayer la imputación del expresidente de Petropar, Eddie Jara Rojas, por supuesto enriquecimiento ilícito, y a su exesposa, Karina Otazú, por presunto lavado de activos, solicitando medidas alternativas a la prisión.
En el acta de imputación, que tiene casi 40 páginas, detalló las inconsistencias detectadas, millonarias operaciones sin justificar y vínculos empresariales sospechosos. A continuación, vamos a detallar una parte de los hallazgos más relevantes del Ministerio Público y cómo circulaba el dinero.
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Un préstamo sin origen demostrado
En su Declaración Jurada de Bienes y Rentas de 2022, Eddie Jara consignó una cuenta por cobrar de G. 700 millones a Diana Paola Gamarra Agüero. Sin embargo, de acuerdo con las declaraciones tributarias del ex titular de Petropar, su capacidad máxima acumulable al cierre de ese año se estimaba en G. 233.827.330. La diferencia entre ambos montos era de G. 466.172.670.
La Fiscalía sostiene que los intereses que Jara habría recibido por ese préstamo —G. 54.082.192 en 2022 y G. 84 millones en cada uno de los años 2023, 2024 y 2025— no demostrarían el origen del capital entregado ni amortizarían el monto principal.
Gamarra habría manifestado que destinó el dinero a obligaciones financieras, gastos de salud y un emprendimiento de venta de empanadas. No obstante, según el análisis fiscal de sus declaraciones tributarias y los informes financieros, sus ingresos y egresos no permitirían explicar por sí solos la recepción de G. 700 millones ni su capacidad para devolverlos y pagar los intereses documentados, señaló el Ministerio Público.
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Entre 2021 y 2025, los egresos declarados por Gamarra habrían superado sus ingresos en G. 1.610.886.374. Es decir, cerraba cada año con saldo “negativo”, de acuerdo a los reportes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Vínculos con empresa contratada por Petropar
Mientras Jara y Gamarra mantenían esa relación crediticia, Petropar adjudicó a Emprendimientos del Sur S.A. el contrato PR/EJ N.º 170/23, ID 429339, para la provisión e instalación de un sistema de seguridad y vigilancia. El contrato establecía un monto mínimo de G. 6.000 millones y uno máximo de G. 12.000 millones.
Los registros bancarios examinados por la Fiscalía muestran que Petropar transfirió a la cuenta de la empresa en el Banco Continental G. 2.196.676.380 el 15 de febrero de 2024 y G. 2.431.433.346 el 21 de febrero del 2024. En total, los pagos ascendieron a G. 4.628.109.726 en una semana.
En ese mismo contexto aparece un contrato de prestación de servicios entre Emprendimientos del Sur y Diana Gamarra (a quien Jara prestó dinero), fechado el 1 de febrero de 2023 y con vigencia hasta febrero de 2024. El acuerdo, por US$ 200.000, contemplaba siete productos relacionados con gestión y normativa de seguridad, capacitación, actualización de políticas, atención de incidentes y recomendaciones para sistemas de seguridad.
Sin embargo, el contrato habría sido certificado ante escribana pública recién el 21 de febrero de 2024. Ese mismo día se emitieron las siete facturas por el total de US$ 200.000.
La Fiscalía señala que en la documentación examinada no se individualizaron registros que permitieran corroborar suficientemente la ejecución de los servicios de Gamarra durante el 2023.
Coincidencia “temporal y económica”
El 22 y el 23 de febrero de 2024, Emprendimientos del Sur transfirió a Gamarra dos sumas de G. 650 millones cada una. En total, la mujer recibió G. 1.300 millones.
Para la Fiscalía, existe una coincidencia temporal y económica entre los pagos efectuados por Petropar a Emprendimientos del Sur, la documentación contractual y tributaria vinculada a Gamarra y las transferencias posteriores a favor de esta última.
La secuencia bancaria examinada indica que el 26 de febrero de 2024 salió de una cuenta de Gamarra en el Banco Nacional de Fomento (BNF) la totalidad de los G. 1.300 millones.
Ese dinero habría sido utilizado para adquirir al contado un inmueble en Villa Victoria, barrio Mburukujá de Asunción. La escritura pública del 26 de febrero de 2024, fijó el precio total en US$ 220.000.
Según el documento, US$ 22.000 habían sido entregados en efectivo antes del acto, mientras que el saldo de US$ 198.000 se pagó mediante una transferencia de G. 1.300 millones y un cheque de G. 145.400.000.
La operación fue contrastada con los registros del BNF, que al 15 de enero de 2024 mostraban que Gamarra tenía un préstamo vigente de G. 198 millones, con un saldo de deuda de G. 190.659.453. La Fiscalía también consideró la deuda que mantenía con Jara y sus declaraciones tributarias correspondientes al período 2021-2025.
Según el Ministerio Público, esas declaraciones reflejaban principalmente actividades de menor dimensión económica, como la venta de empanadas bajo el nombre comercial “Empanadas Sabrositas” y los ingresos salariales provenientes de una empresa de seguridad. No se encontraron antecedentes tributarios de otros clientes o contratos comparables al acuerdo de US$ 200.000 con Emprendimientos del Sur.
Así circulaba el dinero, según la Fiscalía
G. 4.000 millones a
estas dos empresas
del Sur S.A.
no demostrado
Gamarra Agüero
millones
Gs. 145.400.000 en cheque)
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Otras empresas que recibieron fondos de Petropar
La investigación también identificó transferencias provenientes de otras dos empresas que habían recibido pagos de Petropar en el marco de otros procesos licitatorios, pero también luego terminaron haciendo depósitos a beneficio de Emprendimientos del Sur.
En diciembre de 2024, Legacy Roots S.A. recibió G. 2.117.504.001 de Petropar y posteriormente transfirió G. 2.017.504.001 a Emprendimientos del Sur en ocho operaciones.
El 9 de octubre de 2025, el Consorcio Firetech recibió G. 5.969.825.940 de Petropar y luego transfirió G. 5.210.066.954 a Emprendimientos del Sur en 47 operaciones.
¿A quién pertenece Emprendimientos del Sur?
Emprendimientos del Sur fue constituida el 6 de julio de 2017 por Andrea Alejandra Blaires Solaeche y Pablo José Torres Santos. Desde la Asamblea N.º 11, del 20 de marzo de 2023, Laura Raquel Benítez de Becker figura como presidenta y Carlos Gustavo Becker Pessolani como vicepresidente, ambos con el 50% de las acciones. Becker Pessolani había sido director de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de Petropar en 2017, durante la primera presidencia de Jara.
El capital social de Emprendimientos del Sur aumentó de G. 2.500 millones a G. 6.265 millones mediante escritura pública del 24 de abril de 2024.
Por su parte, la empresa Legacy Roots fue constituida el 5 de noviembre de 2024, con un capital de G. 10 millones y dos accionistas con el 50% cada uno. Mientras que el Consorcio Firetech fue constituido el 12 de noviembre de 2024, integrado por Emprendimientos del Sur, con el 70%, e Ingeniería Sistema y Consultoría S.A., con el 30%.
A partir de estos elementos, la Fiscalía presume que las tres empresas que obtuvieron contratos de Petropar durante la presidencia de Jara estarían “estructural y económicamente ligadas entre sí”, y que las operaciones realizadas entre ellas guardarían relación con Gamarra y el ex titular de la petrolera estatal.
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Otro préstamo e intento fallido de justificar los fondos
En otro apartado del acta de imputación se relata que en la declaración jurada presentada en 2023, Jara consignó una cuenta por cobrar de G. 2.800 millones a una persona identificada Edith Marilín Ayala de Macchi. Según su reporte, el 10 de junio de 2023 le había entregado esa suma en efectivo: US$ 140.000, equivalentes a G. 1.036 millones, y otros G. 1.764 millones.
Cabe señalar que hasta el 10 de junio de 2023, la capacidad máxima acumulable de Jara, calculada a partir de sus declaraciones ante la DNIT y de su declaración jurada ante la Contraloría, se estimaba en G. 276.075.478.
Para intentar explicar el origen de esos recursos, Jara habría invocado un contrato de prestación de servicios profesionales por US$ 400.000 con un hombre identificado como Francisco Vera Figueredo, supuestamente suscrito el 3 de mayo de 2023.
No obstante, la Fiscalía señala que la documentación y las declaraciones presentan diferencias de fechas y no permiten reconstruir con suficiente trazabilidad bancaria, cambiaria, contable o tributaria que Jara hubiera recibido el dinero antes de otorgar el préstamo.
Los informes examinados tampoco permitieron identificar una fuente financiera que acreditara el origen y la entrega material de los US$ 400.000 por parte de Vera Figueredo o de su empresa, H&A Naviera San Francisco. Según los registros bancarios citados en la imputación, Vera operaba con un solo banco y registraba saldos de G. 4.848.747 en enero de 2022 y G. 4.892.137 al 31 de marzo de 2026.
Además, Jara incorporó esa fuente de ingreso a su tributación mediante una rectificativa presentada recién el 18 de enero de 2026, casi tres años después del supuesto cobro y luego de conocer las observaciones patrimoniales de la Contraloría. El organismo contralor calificó la rectificación como “reactiva”.
Empresas del grupo Macchi-Ayala y transferencias de Petropar
La investigación también examinó las actividades empresariales de Edith Ayala de Macchi y su esposo, Jorge Gregorio Macchi Noguera. Ambos tienen una estación de servicios con emblema Petropar y están vinculados a empresas como Almajo S.R.L., Transportadora Macchi S.A., IDA ADELA S.A., Roya S.A. y Metales S.A.
En una nota dirigida al Banco Continental el 29 de julio de 2022, antes del supuesto préstamo de Jara, Ayala había explicado que los fondos que manejaba provenían de esas empresas, en las que ella y su esposo eran accionistas. También señaló que las compañías recibían cheques adelantados por sus ventas, que ella efectivizaba, y que en ocasiones las empresas utilizaban su capital personal para luego devolverlo.
La Fiscalía consideró relevante esa práctica, que describió como una mezcla entre el capital personal de Ayala y el de las cinco empresas del grupo, documentada antes del préstamo declarado a favor de Jara.
Tres de las empresas mencionadas poseen estaciones de servicio con emblema Petropar. Además, Transportadora Macchi S.A. había sido beneficiada con un contrato de G. 4.800 millones en 2017, cuando Jara presidía la petrolera estatal. Incluso una de las estaciones de servicio habría sido inaugurada por Eddie Jara, según la Fiscalía.
Jara debía a bancos, pero prestaba más dinero a terceros
La imputación también señala que, durante el mismo periodo en el que fungía de prestamista, Jara habría recurrido a créditos personales de menor cuantía con bancos, una cooperativa y un particular, a tasas de interés superiores. Para el Ministerio Público, esa circunstancia resulta relevante al analizar la entrega de G. 2.800 millones a Ayala “sin las condiciones propias de una operación crediticia formal”.
La Fiscalía sostiene que estas operaciones, junto con los movimientos financieros identificados en el caso de Gamarra, deben analizarse en relación con los ingresos documentados, la capacidad económica declarada y las transferencias entre las personas y empresas mencionadas.
¿Cuál fue el rol de la exesposa?
Según la imputación del Ministerio Público, Karina Estefana Otazú Fleitas “habría recibido, mantenido bajo su control, transferido y aplicado fondos en operaciones patrimoniales, cuyo origen se investiga en relación con las disponibilidades no justificadas atribuidas a Eddie Ramón Jara Rojas durante su desempeño como presidente de PETROPAR”.
Por ejemplo, las personas que le debían dinero a Jara o que estaban vinculadas las mismas, le hacían transferencias a ella. A partir de las evidencias recolectadas, se señala -por un lado- que el 16 de enero de 2024, la empresa IDA ADELA S.A. -de Edith Ayala- transfirió G. 1.764 millones a la cuenta conjunta de la entonces pareja.
Así también, entre el 6 de julio de 2025 y el 20 de mayo de 2026, Diana Paola Gamarra Agüero (a quien Jara le prestó dinero) habría realizado 39 transferencias a la cuenta de Otazú, por G. 90.018.932. La imputación también menciona una acreditación de G. 500.000 en la cuenta conjunta de la entonces pareja, en el 2023.
Además, el Ministerio Público individualizó 17 depósitos atribuidos a otra persona identificada como Raúl Ortiz, por G. 682.200.000, y otros tres atribuidos a Marian Cristina Peña Vera, por G. 65 millones. En el análisis fiscal, los movimientos vinculados a estas tres personas suman G. 837.718.932. La Fiscalía afirma que, “los depósitos y transferencias de estas tres personas ascienden en total a la suma de G. 837.718.932. La documentación examinada hasta la fecha, no identificó causa económica o contraprestación para esas acreditaciones”.
También se mencionan operaciones de ganadería y otras y pagos millonarios hechos por la exesposa, como la membresía al Club Centenario, pese a que sus ingresos declarados ante la DNIT habrían sido absorbidos en su totalidad por los egresos declarados y que incluso reporta un saldo negativo.
Cuantificación del enriquecimiento ilícito
Para la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos, Jara incurrió en el enriquecimiento ilícito debido a que todo el análisis documental permitió detectar un patrimonio no justificado de más de G. 5.399 millones.
Uno de los datos más resaltados por la fiscala Adle esta mañana fue que en octubre de 2025, sus gastos e inversiones alcanzaron los G. 570.680.982 en un solo mes, pese a que su salario era de solo G. 44 millones.