El juez de Garantías Osmar Legal, interino de su colega Humberto Otazú, admitió la imputación presentada por la fiscal Yeimy Adle, procesó al presidente de Petropar Eddie Jara Rojas por supuesto enriquecimiento ilícito en la función pública y a su ex esposa Karina Estefana Otazú Fleitas, por presunto lavado de dinero.
Además, el magistrado fijó para el viernes 6 de noviembre, a las 7:40 y 7:50, respectivamente, la audiencia de imposición de medidas, en la que debe analizar las medidas alternativas a la prisión, solicitadas por la agente del Ministerio Público, que tendrán que cumplir ambos procesados mientras dure el plazo de investigación.
Adle solicitó al juzgado la prohibición de innovar y contratar sobre tres camionetas de alta gama, además la inmovilización judicial de los fondos, bajo las siguientes condiciones: permitir que las cuentas reciban transferencias, depósitos, cheques u otros abonos; impedir retiros, transferencias salientes, pagos, emisión de cheques, cancelaciones o cualquier otra disposición de los fondos inmovilizados.
La agente fiscal también pide mantener la restricción sobre los saldos existentes y los abonos posteriores, hasta el límite que el juez Humberto Otazú determine; y, subsidiariamente, disponer la transferencia de los fondos a la cuenta que indique la Senabico para su custodia y administración.
Eddie Jara no puede justificar casi G. 5.400 millones
Según el análisis financiero detallado por la fiscal Yeimy Adle en el acta de imputación, entre agosto de 2023 y marzo del año 2026, el ex presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) Eddie Jara Rojas realizó depósitos y pagos en efectivo por un total de G. 5.547.396.611.
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Al restar su capacidad real de ahorro y sobrante neto declarado ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que asciende a G. 147.945.999, subsiste una brecha sin justificación documental de G. 5.399.450.612, equivalente al 97,33% de los fondos utilizados en ese lapso.
El Ministerio Público resalta una incompatibilidad directa entre los ingresos de Jara y sus egresos. Como titular de Petropar, percibía una remuneración mensual de G. 40.457.649, la cual subió a G. 44.956.148 en octubre de 2025. Sin embargo, de forma simultánea mantenía compromisos crediticios cuyas cuotas mensuales sumaban hasta G. 90.906.604.
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El caso más extremo se registró en octubre de 2025, cuando sus gastos e inversiones alcanzaron los G. 570.680.982 en un solo mes, generando un déficit de más de G. 525 millones frente a su sueldo, de acuerdo con lo señalada por la Fiscalía.
Principales inconsistencias detectadas por la Fiscalía
- Compra de inmuebles: En 2020 adquirió al contado una propiedad en San Bernardino por G. 317.250.000, pese a que su liquidez acumulable calculada a esa fecha era de apenas G. 41.426.997.
- Préstamos a terceros sin sustento: Declaró haber otorgado créditos privados por G. 700 millones a una tercera persona y por G. 2.800 millones a otra empresaria, sin que se pudiera acreditar el origen bancario o legal de ese dinero en efectivo.
- Pagos en efectivo: Canceló tarjetas de crédito, vehículos y cuotas de préstamos por miles de millones de guaraníes sin registros de débitos en sus cuentas bancarias.
- Transferencias sin contraprestación: Realizó 767 transferencias por un monto global de G. 1.336.020.526 a 131 personas externas, sin que la Fiscalía encontrara justificativos comerciales o entrega de bienes.