Petropar adjudicaba y pagaba contratos para que luego el dinero se repartiera entre allegados al expresidente de la petrolera estatal, Eddie Jara. Esa es la operativa que relata la Fiscalía en el acta de imputación por supuesto enriquecimiento ilícito.
La fiscala Yeimy Adle detalló que Jara solo pudo justificar el origen del 2,67 % de sus bienes, por lo que quedan sin explicación otros G. 5.547 millones. Entre las inconsistencias patrimoniales detectadas por la investigación figuran “préstamos” millonarios otorgados a terceros, cuyo origen lícito no se pudo identificar.
Lea más: Bloquean bienes y cuentas bancarias de Eddie Jara ante sospechas de corrupción
Uno de los casos surge de la propia declaración jurada de bienes que Jara presentó en agosto de 2023, cuando regresó a la presidencia de Petropar por designación de Santiago Peña. En el documento informó sobre una cuenta a cobrar de G. 700 millones a nombre de Diana Paola Gamarra Agüero, una mujer que declaró que el dinero que tomó prestado era para deudas, salud y gastos de su negocio de empanadas.
La Fiscalía resalta que, mientras esa deuda figuraba en los papeles de Jara, Petropar contrató a la firma Emprendimientos del Sur SA, representada por Laura Benítez de Becker y Carlos Becker, para instalar un sistema de seguridad. Bajo ese contrato, el 15 de febrero de 2024 Petropar transfirió G. 2.196 millones a la proveedora. Seis días después, el 21 de febrero, le efectuó otro pago por G. 2.431 millones, totalizando así G. 4.628 millones. La Fiscalía destaca que uno de los propietarios de esa firma, específicamente Carlos Becker, fue director de la Unidad Operativa de Contrataciones de Petropar en 2017, durante la primera presidencia de Jara.
Lea más: Así operó parte del presunto esquema de lavado de Eddie Jara, según la Fiscalía
Un contrato, dos transferencias
En paralelo, Emprendimientos del Sur mantenía otro contrato con Diana Gamarra por US$ 200.000 por servicios de seguridad, con fecha del 1 de febrero de 2023 y vigencia hasta febrero de 2024. Llamativamente, según la imputación, las firmas de ese documento se certificaron recién el 21 de febrero de 2024, el mismo día en que se emitieron siete facturas por el monto total.
Al día siguiente, el 22 de febrero, la empresa transfirió G. 650 millones a Gamarra. El 23 de febrero ejecutó un segundo giro por el mismo importe. Así, en 48 horas, la mujer recibió G. 1.300 millones de la contratista de Petropar.
Para el Ministerio Público, las fechas de pago de Petropar, la formalización del contrato privado y las transferencias a Gamarra guardan una “coincidencia temporal y económica” clave para el caso.
Lea más: Eddie Jara: ¿Johana Vega también puede ser imputada? Esto dice Contraloría
Ocultamiento a través de otras firmas
La imputación menciona además a Legacy Roots SA y al Consorcio Firetech, firmas que cobraron facturas a Petropar y luego derivaron fondos a Emprendimientos del Sur. En diciembre de 2024, Legacy Roots recibió G. 2.117 millones de la petrolera estatal e inmediatamente transfirió G. 2.017 millones a Emprendimientos del Sur mediante ocho operaciones.
El 9 de octubre de 2025, el Consorcio Firetech cobró G. 5.969 millones de Petropar. Posteriormente, también desvió G. 5.210 millones a Emprendimientos del Sur en ¡47 transacciones!
Con base en estos movimientos, la Fiscalía sostiene que las tres contratistas de la era Jara compartían vínculos estructurales y operativos.
También señala nexos financieros entre estos flujos de dinero, Gamarra y el expresidente de la entidad. Todos estos elementos sustentan la imputación aprobada por el juez Osmar Legal.
Ministra de la Juventud, y su “negocio inmobiliario”
Otro de los puntos destacados por el Ministerio Público para respaldar las sospechas de enriquecimiento ilícito guarda relación con la compraventa de un inmueble en San Bernardino, realizada el 20 de noviembre de 2020.
El lote fue adquirido por Eddie Jara, al contado, por G. 317 millones. La Fiscalía sostiene que, aunque Jara trabajaba en la firma privada Enex Paraguay SAE, su capital máximo acumulable a esa fecha alcanzaba apenas los G. 41 millones, por lo que resulta imposible comprobar el origen del dinero usado en la transacción. Si bien Jara alegó haber financiado la compra mediante un “préstamo bancario”, la Fiscalía no detectó ningún crédito desembolsado en fechas cercanas ni con trazabilidad hacia el pago de la propiedad.
Según los datos de la Contraloría General de la República (CGR), el inmueble se transfirió a favor de la actual ministra de la Juventud, Salma Clara Jazmín Agüero Caballero, el 25 de octubre de 2021. El Ministerio Público detalló que la compra se realizó en parte con un cheque de G. 154 millones que cobró la entonces esposa de Jara, Karina Otazú.
“La capacidad económica declarada por Salma Agüero -quien en ese momento tenía entre 20 y 21 años y percibía un ingreso cercano a los G. 4.000.000- tampoco explica por sí misma la financiación de una operación de esa magnitud”, expresa el acta de imputación.
La respuesta de la ministra
Ante estas revelaciones, la ministra confirmó que tenía 22 años al momento de comprar el terreno, pero afirmó que la operación es “totalmente trazable”. Aseguró que en esa época trabajaba en el negocio inmobiliario familiar y que sus ingresos superaban los G. 40 millones mensuales.
“Los G. 4 millones mencionados como salario corresponden a una fundación donde trabajaba, un ingreso secundario independiente de mi fuente principal”, aseveró en declaraciones a ABC Cardinal.
Sin embargo, en su declaración jurada ante la Contraloría, Agüero solo consignó su labor en la organización “HIPPY PY - FRTC“, donde ejerció como jefa de comunicación entre 2021 y 2024. Los registros públicos confirman que dicho programa llegó al país de la mano de la Fundación Ramón T. Cartes.
En el formulario oficial, la ministra dejó en blanco el apartado de “actividad profesional independiente en los últimos dos años”. Tras la divulgación del caso, afirmó que cuenta con las facturas y declaraciones presentadas ante la Dirección de Ingresos Tributarios para demostrar su trabajo en el sector privado antes de asumir la función pública.
El informe de la CGR añade que, en agosto de 2023, el lote en cuestión se transfirió a Domingo Germán Quiñónez Astigarraga, hermano de la exfiscala general Sandra Quiñónez.
Mañana: Los G. 2.800 millones que Jara dijo haber prestado en efectivo.