Según se observa en los registros del Poder Judicial, el 5 de noviembre de 2025 un juzgado hizo lugar a un pedido de amparo constitucional contra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a nombre de varios parientes y familiares políticos del entonces aún presidente Santiago Peña, entre ellos la primera dama Leticia Ocampos.
El amparo, promovido por la abogada Jazmín Garcete Cantero, fue presentado el 30 de octubre de 2025 a nombre de la primera dama y de Carlos Antonio Ocampos Zelada (padre de la ex primera dama), María Teresa Villate Garcete (madre de esta), Carlos Ocampos Villate (hermano), Adriana Ocampos Villate (hermana), Ana María Palacios de Peña (suegra), José Cayetano Peña Nieto (suegro), Gonzalo Peña Ocampos (hijo del expresidente), Serenella Argaña Scavone (nuera), Manuel Peña Palacios (hermano del expresidnete), Claudia Verónica Gómez Abente (cuñada), Francisco Peña Palacios (hermano del expresidente) y Rocío Caballero Bosch.
Estos alegaban que se hallaban en “inminente peligro de violación por parte de Ministerio de Economía y Finanzas sus derechos constitucionales fundamentales a la intimidad y a la inviolabilidad del patrimonio documental” debido a una solicitud hecha el 7 de septiembre de 2025 por al MEF por el comunicador Hugo Javier Portillo.
Este pidió al MEF que informe sobre todas las sociedades o empresas registradas en las que los amparistas – los familiares del expresidente – figuren como accionistas o socios fundadores, miembros del directorio o administradores, representantes legales o apoderados, propietarios registrados, o “cualquier otro vínculo societario o de gestión empresarial que conste en los registros públicos”.
En su fundamento para hacer lugar al amparo, el Juzgado indica que, según la Ley N° 6446/2019, la información solicitada por Portillo está almacenada en el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el Registro de Beneficiarios Finales y “no puede ser considerada típicamente pública”.
Esa información puede ser consultada “exclusivamente para otras autoridades tributarias, autoridades administrativas, agentes fiscales y órganos jurisdiccionales intervinientes en materia de persecución de lavado de dinero, infracciones monetarias, evasión fiscal y financiación del terrorismo, y supervisión o superintendencia bancaria, financiera, de seguros, de valores y de pensiones”, indica el Juzgado.
En consecuencia, el Juzgado – a cargo del juez Diego Alejandro Torres - ordenó al MEF “la prohibición de entregar documentos de carácter reservado de propiedad de los accionantes, almacenados en sus dependencias” sin una orden judicial expresa.