Una controversia se instaló en la Municipalidad de Laureles tras las denuncias del nuevo intendente, Eider Vera (ANR), quien manifestó que encontró una administración en condiciones financieras complicadas, incluso con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) bloqueado por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
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De acuerdo con documentos de la DNIT, el RUC N.º 80021483-8 de la Municipalidad de Laureles figura bloqueado bajo el concepto de “morosos con certificado de deuda”. La medida está vinculada a un juicio ejecutivo promovido por la administración tributaria contra la institución municipal y fue notificada el 25 de marzo de 2026.
Entre las obligaciones tributarias pendientes aparece el Impuesto a la Renta Personal (IRP) correspondiente a remuneraciones del ejercicio fiscal 2025, cuyo vencimiento operó el 16 de febrero de 2026 y que figura como activo e impago.
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La situación adquiere mayor relevancia al contrastarse con los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que consignan que durante el presente año la Municipalidad de Laureles recibió transferencias por un total de G. 2.910.468.673.
El desglose incluye G. 711.660.351 en transferencias consolidadas, G. 537.328.508 por coparticipación del impuesto inmobiliario, G. 386.087.531 en otras transferencias y compensaciones, G. 88.232.837 por canon fiscal de juegos de azar y G. 1.187.159.446 en otros recursos. Los desembolsos aparecen registrados con estado de pagados.
Exintendente rechaza cuestionamientos
Ante las publicaciones sobre la situación financiera de la comuna, el exintendente Fermín Candia (PLRA) salió al paso y negó que su administración haya dejado la institución en las condiciones denunciadas por las nuevas autoridades.
Candia afirmó que la entrega de la administración se realizó mediante el procedimiento institucional correspondiente, con un corte administrativo en el que, según afirmó, quedaron detallados los compromisos pendientes, incluido el existente con la DNIT.
Aseguró que durante su gestión no tuvieron inconvenientes con la administración tributaria y que la obligación pendiente con dicha institución ronda los G. 80 millones.
También señaló que quedaron aproximadamente G. 800 millones pendientes de recepción, recursos que, según manifestó, correspondería percibir a la nueva administración para hacer frente a los compromisos.
El exjefe comunal consideró que las publicaciones hechas por el actual intendente Eider Vera buscan desviar la atención de las obligaciones asumidas por las actuales autoridades durante la campaña electoral.
Asimismo, recordó que cuando recibió la Municipalidad, esta se encontraba en peores condiciones, debido a que el anterior intendente había renunciado cuatro meses antes y dejado la institución prácticamente a la deriva.
“Nosotros, lejos de buscar excusas y culpables, nos pusimos a trabajar y buscar soluciones”, expresó Candia en su descargo público.
La controversia entre las autoridades entrantes y salientes deja planteada la necesidad de transparentar el estado real de las finanzas municipales, precisar el origen y la composición de las obligaciones tributarias y explicar el destino de los recursos transferidos por el Estado.
La ciudadanía de Laureles espera que la nueva administración informe sobre las medidas que adoptará para regularizar la situación ante la DNIT y garantizar el normal funcionamiento de la institución.