Desde hace más de medio siglo, nuestro diario viene bregando por la vigencia de las libertades y la gestión honesta de la cosa pública. Lo seguirá haciendo, a despecho de que quienes conculcan esos valores apelen a arbitrarias medidas administrativas, a obsecuentes resoluciones judiciales, o hasta a las armas de fuego, como las que ultimaron a nuestro corresponsal en Curuguaty, Pablo Medina. No habrán de amedrentarnos los partidarios de la dictadura, del peculado o del crimen, porque tenemos “fe en la patria” y en el sistema democrático. Tampoco lo harán acciones judiciales que busquen coartar nuestra tarea de hurgar en los recovecos de los asuntos públicos en el afán de denunciar el mal uso de los recursos que pertenecen a la ciudadanía
Ante el inminente inicio de las obras del metrobús, los frentistas de la Avda. Eusebio Ayala y la Ruta II anuncian la posibilidad de que haya una “lluvia de acciones judiciales” contra el cuestionado y resistido proyecto. Los potenciales “dañados” consideran que el Gobierno, a través del MOPC, está determinado a causarles perjuicios comerciales, además de confiscarles sus propiedades.
El asesor legal de la Confederación Paraguaya de Cooperativas (Conpacoop), Hernando Esteban Raichakowski, presentó ayer un recurso de urgimiento de un par de acciones solicitadas a la Corte Suprema de Justicia que tienen como fin rever las posturas legislativas de aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el método D’Hondt en las elecciones de autoridades. Los cooperativistas y labriegos acompañaron el pedido marchando hasta el Palacio de Justicia.
En la tercera audiencia pública, senadores y candidatos al cargo de contralor lanzaron la voz de alerta ante la ola de acciones de inconstitucionalidad impulsadas por municipios que buscan eludir el control de sus fondos.
Ante el incumplimiento de pagos por servicios y equipos entregados al IPS, varias empresas han solicitado la cancelación de los contratos y la suspensión del suministro al ente previsional. Además, la excesiva mora ya ha originado el inicio de una serie de acciones judiciales.
Ante la aparición de informes sobre dos acciones judiciales por cobro de dinero contra VIP Security SA, planteadas ya en la primera quincena de diciembre pasado, fuentes técnicas cercanas a los acreedores financieros aclararon ayer que eso no afecta la búsqueda de un acuerdo global con la empresa de seguridad en problemas.