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La región Occidental y en especial el Alto Paraguay sufrió en el 2019 una terrible temporada de sequía, caracterizada por la falta de agua y grandes incendios forestales que afectaron a pobladores de comunidades y a los productores.
El Gobierno central destinó en aquel entonces US$ 1.000.000 a este departamento, para hacer frente al desastre natural. En este sentido, el informe parcial de la auditoría realizada a la ejecución presupuestaria del 2019, correspondiente al ex gobernador Adorno, hoy en filas del cartismo, no hace relación a la manera en que se utilizó este monto millonario destinado a la emergencia.
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Denuncias
Concejales departamentales de aquel periodo habían denunciado el mal uso de este dinero. Al respecto el ex edil Erasmo Rodríguez (ANR), con documentos en mano, denunciaba por entonces la supuesta sobrefacturación en la compra de dos motobombas, que la gobernación destino a la Municipalidad de Fuerte Olimpo, para el uso en el sistema de desaguadero de la población.
El concejal mencionaba que el entonces gobernador José Domingo Adorno hizo figurar en la ejecución presupuestaria del 2019, la compra de dos motobombas de agua de 30 HP DE 380 Volt., a un precio unitario de G. 130 millones, o sea G. 260 millones, por ambos artefactos.
Los concejales habían solicitado precio de ambas motobombas de la misma empresa de donde se adquirió y la sorpresa fue que cada motobomba tenía un precio que no superaba los G. 15 millones, de allí comenzaron a denunciar el supuesto sobrecosto.
Con el dinero de la emergencia, la Gobernación, también procedió a comprar una bomba potabilizadora de agua con motor generador montado a un precio millonario de G. 800 millones. La máquina fue instalada en la comunidad de Carmelo Peralta, donde abasteció por unos pocos meses del vital líquido a una escasas familias, para luego ser llevada y prácticamente tirada entre las chatarras en el taller del gobierno departamental en Fuerte Olimpo.
Los ediles denunciaban que todo se trató de una simple sobrefacturación, atendiendo que nunca la pequeña planta potabilizadora de agua adquirida pudo funcionar para dotar agua a toda una gran población.
Informe parcial
Entre los informes más específicos sobre la auditoría realizada a la gestión del exgobernador y actual diputado se menciona el pago de G. 500 millones, por servicios de corta fuego a una empresa dedicada al rubro de lubricantes con sede en Areguá, del departamento Central.
El propio presidente de la Asociación de Productores de Agua Dulce, Celso Muxfeld, se encargó en su momento en desmentir este pago de parte de la gobernación, alegando que jamás el gobierno departamental de aquel entonces, ni ninguna empresa contratada por dicha institución, realizaron dichos trabajos. Alegó que fueron los productores quienes tuvieron que pagar más de G. 800 millones, para combatir los incendios.
Este informe parcial menciona además la compra de combustibles y lubricantes por más de G. 2.500 millones, sin que se pudiera observar documentos respaldatorios.
Algo similar al tema de los carburantes se dio también con el aporte de unos G. 485 millones a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro, sin que se cuente con los documentos que respalden dicha ayuda.
El actual diputado y ex gobernador José Domingo Adorno dijo en su defensa que no tiene nada que ocultar y que ya procedió a remitir todas las documentaciones respaldatorias a la Contraloría, a la espera de tener en breve el informe final.
Fiscalía
En la Fiscalía de Delitos Económicos, en la capital del país, duermen en los cajones las denuncias presentadas contra Adorno por los exconcejales departamentales, que hacen relación al mal uso del dinero público tanto de la emergencia por la sequía, como lo relacionado a la ejecución presupuestaria del 2019, además del uso de US$ 2.000.000 recibido por la Gobernación para la reactivación económica tras el impacto generado por la epidemia del covid 19.
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Este informe parcial de la CGR se da luego de varias denuncias sobre la demora en expedirse, al respecto parte de esta auditoria hace mención a las limitaciones y demora que se tuvo a la hora de realizar estos trabajos, debido al atraso en la provisión de documentos e informes, así como las imperfecciones suministradas por la entidad auditada.