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Los auditores de la Dirección de Control de Organismos Departamentales y Municipales para la tarea de fiscalización de los ejercicios 2021-2022, no pudieron levantar ningún dato de esta institución. Esto atendiendo a que el titular del ejecutivo municipal y el administrador de la institución Hugo Agüero, no se encontraban en la institución municipal.
La Junta Municipal local había solicitado la auditoría general ante la presunción de indicios de corrupción, malversación de fondos y lesión de confianza por parte del ejecutivo municipal. El equipo auditor -integrado por el jefe de equipo Ángel Moisés Valdez, supervisor Miguel Ángel Ortiz, y el auditor Carlos Rojas- labró acta de que no pudieron realizar el trabajo encomendado por el ente de control.
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El procedimiento acompañó el presidente de la Junta Municipal de este municipio, el liberal Luis Carlos Agüero y los concejales colorados Cayo Barboza y Rubén Pedrozo. Asimismo, estuvo presente el presidente de la Contraloría Ciudadana local, Julián Ramírez, quien manifestó que el intendente se excusó en recibir al equipo auditor porque supuestamente se encontraba de viaje por Asunción.
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Un grupo de siete concejales venían solicitando a la CGR, que la auditoría abarque los aspectos financieros, de cumplimiento y desempeño de la gestión del intendente local. Pidieron que específicamente se indague sobre la utilización de los fondos de royalties, Fonacide y recursos propios del periodo 2021-2022. En octubre del año pasado la CGR ya auditó almuerzo escolar y el servicio sanitario de dicho rubro del año 2022.
Algunas de la irregularidades
Los concejales piden saber qué pasó de los G. 1.661.030.852 de los recursos de royalties que el intendente había recibido al asumir en noviembre del 2021, cargo Banco Nacional de Fomento(BNF).
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En algunos casos el intendente venía descontando a los empleados municipales en concepto de aporte a la Caja de Jubilaciones Municipal. Sin embargo, no hacía las transferencias. Asimismo, al momento de la denuncia se adeudaba por Impuesto Inmobiliario a la Gobernación y Ministerio de Hacienda. A esto se suma la retención de dieta de los concejales y la dudosa recaudación en concepto de Impuesto Inmobiliario.
Persecución política y de la prensa
El intendente local Gustavo Penayo Arce manifestó que no entiende porqué sigue viniendo auditoría sobre ejercicios fiscales que ya se había expedido el ente de control y la Auditoría Gubernamental del Poder Ejecutivo. Dijo que incluso para el pedido de intervención de su administración ya había presentado todas las documentaciones en el Congreso Nacional.
Dijo que está claro que esto es una persecución política por parte de un grupo de concejales que no les gusta el progreso de su municipio y de periodistas del Diario Abc Color que se prestan a sus malas intenciones.
Refirió que cuando asumió en el 2021 el municipio ya no recibía transferencia del entonces Ministerio de Hacienda, porque el anterior intendente Carlos Romero, no había presentado rendición de cuenta, se regularizó todo en el 2023 y desde enero de este año recibió G. 5000 millones de royalties y G. 2000 millones de Fonacide.
Dijo que no sabía que hoy llegarían los auditores por eso viajó a Asunción y que como siempre el administrador les va acercar a la CGR todos los documentos que soliciten. Agregó que mañana va a pagar Caja de Jubilaciones y la próxima semana va a regularizar el pago de dieta a los concejales de acuerdo a la disponibilidad.
Los concejales que pidieron en su momento auditar la gestión del intendente son los ediles liberales, Mabel Schupp, Luis Carlos Agüero, Domingo Villalba, David Rojas y Lucas Milán Giménez y los colorados Rubén Pedrozo y Cayo Barboza.