El sargento primero Walter Rubén Ayala Rodríguez, 29 años, afrontará juicio oral por intentar comercializar un total de 1.516 municiones de calibre 7.62 y 556, así lo dispuso la jueza Lici Teresita Sánchez en la audiencia preliminar tras admitir la acusación presentada por el fiscal Federico Delfino.
El vicesargento primero Diego Záracho Núñez afrontará juicio oral, según dispuso la jueza penal de garantías Rosarito Montanía, tras admitir la acusación y el pedido del fiscal Lorenzo Lezcano, en una audiencia preliminar. El militar fue detenido en marzo, en la ciudad de Ñemby cuando supuestamente intentaba vender 1.052 proyectiles calibre 5.56, con sellos de la Dimabel, donde estaba comisionado.
La tenencia y portación de armas se tornó nuevamente un tema de debate, luego de que la Policía allanara la propiedad de Carlos Colmán Arce, quien asesinó a su hija de 3 años, hirió a su hijo de 9 y a su esposa. Allí hallaron un arsenal que contaba con documentación en regla. Ahora, autoridades alegan tecnicismos para “despegarse” del caso.
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que plantea el aumento de penas para casos de sicariato. Con las correcciones y eliminaciones de varios artículos, se logra evitar que la ley termine favoreciendo al autor del crimen.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, dijo varias veces que la mafia ha permeado las instituciones. Su alarmante afirmación, que hasta hoy no ha generado la condigna depuración del aparato estatal, acaba de ser corroborada de nuevo por el reciente hallazgo de veintisiete proyectiles en una casa allanada en Pedro Juan Caballero: tenían la inscripción “Dimabel”, que identifica a la Dirección de Material Bélico, parte integrante del Comando de las Fuerzas Militares, dependiente del Ministerio de Defensa. Dos días antes, en el allanamiento del domicilio que perteneció al capo Sergio de Arruda Quintiliano Neto (Minotauro), se habían encontrado no solo municiones, sino también dos fusiles que llevaban el sello de esa Dirección. No fueron descubrimientos extraordinarios, pues con ellos son cinco los realizados en menos de un año y solo en la capital del Amambay, en los que el Estado aparece como “proveedor” de armas largas o de balas halladas en una vivienda o en la escena de un crimen, como aquel del que fueron víctimas mortales la hija del gobernador Ronald Acevedo (“Las balas del Estado mataron a mi hija”) y otros tres jóvenes. Sería extenso el listado de hechos similares ocurridos en los últimos años en todo el país.
Armas, municiones y hasta explosivos que pertenecen a las Fuerzas Militares fueron utilizados en varios atentados criminales perpetrados en el último año y medio. Balas con inscripción de Dimabel fueron encontradas en varios puntos del país. Voceros oficiales sostienen que filtración se da en unidades militares que las reciben.