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La jueza penal de garantías especializada en Crimen Organizado Lici Sánchez ordenó, por AI N° 80, la elevación a la etapa de juicio oral y público la causa caratulada “Walter Rubén Ayala Rodríguez y otros s/ violación a Ley 4036/10 portación y tenencia de armas (Crimen Organizado Ley N° 6379)”.
En la referida causa, el fiscal contra Crimen Organizado Federico Delfino acusó al sargento primero Walter Rubén Ayala Rodríguez, por los hechos punibles de detentación, producción de riesgos comunes y tráfico ilícito penados por la Ley N° 4036/10 de Armas de fuego, en calidad de autor.
En la audiencia preliminar, realizada el 19 de abril, el agente del Ministerio Público se ratificó en su acusación contra el sargento Walter Ayala, quien prestaba servicios en la 5ª División de Infantería de Lagerenza, Chaco paraguayo.
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Por su parte la defensa de Ayala, ejercida por la abogada Sunilda Maris Stella González de Martínez, solicitó el sobreseimiento definitivo del militar, que le fue rechazado, al igual que su petición de sobreseimiento provisional para su cliente. La auxiliar de justicia también pidió la anulación de la acusación, pero le fue negada.
La abogada de la defensa también pidió la exclusión probatoria de varios reportes sobre extracción de datos de los equipos informáticos, lo que le fue denegada; en cambio sí se le concedió la exclusión probatoria del informe pericial realizado por el perito licenciado Derlis Cáceres.
Así también, la magistrada dispuso que se mantenga la medida cautelar de prisión preventiva para el sargento primero Walter Ayala.
Antecedentes del caso
De acuerdo con datos de la acusación fiscal, el 2 de setiembre de 2022 una comitiva investigadora tuvo conocimiento sobre el ofrecimiento de municiones, a través de redes sociales, que eran propiedad de la Dirección de Material Bélico (Dimabel).
Es así que, tras contar con información certera, una comitiva policial de Paraguarí, encabezada por el agente Federico Delfino, identificó y luego verificó un coche Toyota Platz azul, con matrícula BFC 263, que estaba al mando del sargento primero Walter Ayala.
En el interior del rodado fueron halladas en total 1.516 municiones de calibre 7.62 y 556. Después se pudo determinar que estas fueron sustraídas del parque de guerra y/o armería de alguna institución castrense para ser comercializadas por Ayala.
El hoy acusado, en ese entonces, era integrante activo del Ejército Paraguayo y conforme se determinó que las municiones que eran ofrecidas para su venta, son de uso privativo de las fuerzas de seguridad del Estado, por lo que su venta a terceros y sin autorización está prohibida por ley.
Con Ayala se encontraban, en aquella oportunidad, César Manuel Sanabria, cuyo proceso está en curso, en tanto que los imputados Miguel Fredy Florentín y Blas Ramón Paredes se encuentran prófugos y en estado de rebeldía.