16 de noviembre de 2026

En un panel debate de Economistas, plantearon la necesidad de una “Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0”, que eleve el tope fiscal porque el -1,5% ya no se adecua a la realidad de la economía paraguaya. Pero al mismo tiempo, sostuvieron que una actualización de la normativa debe también poner límites al gasto rígido para asegurar un mejor uso de los recursos públicos.

Entre los años 2003 y 2025, el gasto obligado pasó de G. 5,18 billones a G. 54,89 billones, lo que representó un aumento absoluto de G. 49,71 billones. En términos relativos, el nivel de 2025 fue más de diez veces superior al registrado al inicio de la serie. La expansión acumulada alcanzó aproximadamente 958,7%, lo que evidencia el fuerte crecimiento nominal de los compromisos presupuestarios de la Administración Central durante el período analizado.
A estas alturas ya a nadie escapa la grave crisis que atraviesa el sector público, que se encuentra en una situación de virtual “default” o cesación de pagos de sus compromisos internos, a la vez de enfrentar serias dificultades para financiar el presupuesto 2026 y cumplir las metas asumidas con organismos multilaterales y calificadoras de riesgo. Ante esto, el Gobierno ha respondido con un decreto que apenas apunta a recortar gastos marginales de la administración estatal, y con un plan de canje de deudas que solo difiere una parte del problema, ni siquiera su totalidad, y a un alto costo.

Ante las medidas de ajuste de cinturones que estableció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el economista y ex ministro César Barreto, advirtió que pese a los recortes previsto, será muy difícil que se pueda reducir el déficit al tope del 1,5% previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal solamente con estas medidas, a lo que apuntó que también se debería acompañar con un repunte en las recaudaciones.

El creciente endeudamiento del Estado y la falta de reformas estructurales están reduciendo el espacio fiscal del país y deteriorando servicios esenciales como salud, educación y transporte, afirmó la economista Verónica Serafini. Sostuvo que el Gobierno debe honrar sus compromisos con proveedoras y mejorar el gasto público.