gasto público

Por lo general Paraguay es valorado como un país de baja carga tributaria, pero en realidad muchos hogares y empresas terminan pagando otra factura extra, la de cubrir con su bolsillo lo que el Estado no provee por la infraestructura deficiente, carencias en salud y educación y corrupción que terminan asumiendo un “impuesto” invisible.

El gremio industrial cuestiona el plan del Ejecutivo de gravar utilidades retenidas y sostiene que, sin ajustes en el gasto público, la medida solo aumentará la presión sobre el sector formal.

La pretensión del Gobierno de “regular” las reservas de las empresas con fines tributarios no es una simple medida de control para evitar una elusión, mucho menos una evasión fiscal, como lo quieren presentar. Desde el momento en que se tiene que promulgar una ley, se trata de un nuevo impuesto no previsto en la legislación vigente. En dos años y medio no han hecho lo que tenían que hacer, pese a contar con condiciones inmejorables para ello, y ahora, desesperados porque no pueden alcanzar las metas, quieren tapar su inoperancia buscando maneras de exprimir más a la ciudadanía. Si de algo no se puede quejar este Gobierno es del aporte de los contribuyentes. Las recaudaciones crecieron un récord del 20% en su primer año de gestión y 9% en el segundo. En contrapartida, el Gobierno no ha controlado el gasto público, todo lo contrario, lo ha expandido, lo mismo que el endeudamiento.

Gremios empresariales rechazan el plan del Gobierno de regular las utilidades en reserva, con fines recaudatorios, pues afectará la inversión y el empleo, según advierten. Sostienen que la iniciativa desvía la atención del problema de fondo: la calidad del gasto público.

Si una empresa o una persona hace sus cuentas y en el cálculo no considera los “monos” que tiene distribuidos por todas partes, es obvio que así es muy fácil llegar en los papeles a un saldo positivo o a una pérdida pequeña y controlable. Pues es exactamente eso lo que hace el Gobierno con las finanzas públicas y la contabilidad estatal. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el déficit anualizado a enero de 2026 es del 2% del PIB y ratificó que este año retornará al tope del 1,5% del PIB establecido en la perforada Ley 5098/2013, de “responsabilidad fiscal”. Pero ello no toma en consideración deudas vencidas con proveedores y contratistas, que al menos duplican el saldo rojo anual. No se puede construir un país serio con autoengaños. Se tiene que informar con la verdad a la población, tiene que haber un sinceramiento y se tienen que asumir responsabilidades.