PARAGUARÍ. Un total de 10 municipalidades del noveno departamento de Paraguarí obtuvieron calificación “cero”, con nivel de madurez deficiente en sus gestiones, por no aplicar la norma de requisitos mínimos para el Sistema de Control Interno (SCI). Esto señala el informe de evaluación de la Contraloría General de la República (CGR).
Dos intendentes cartistas no presentaron sus rendiciones de cuentas del primer cuatrimestre del uso del dinero proveniente de los royalties y del Fondo Nacional Pública y Desarrollo (Fonacide), según informó la Contraloría General del la República (CGR). Asimismo, tres jefes comunales colorados y uno del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) no entregaron sus documentaciones ante la institución contralora a tiempo.
Varios intendentes atraviesan en cada periodo, problemas de inundaciones y raudales. Los recientes casos ocurridos en las ciudades de Limpio y Luque son solo una muestra del problema común a las localidades del departamento Central.
YAGUARÓN. La Coordinadora de Intendentes Liberales se reunió el fin de semana último con el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, y algunos parlamentarios, para exigir la unidad y una nueva elección partidaria. El jefe departamental aseguró que el PLRA está en crisis.
El Gobierno de Santiago Peña anunció el proyecto de ley “hambre cero”, con el que busca supuestamente expandir el almuerzo escolar al 100% de los estudiantes, centralizando el Fonacide en el Fonae, eliminando el presupuesto de varios proyectos que fomentan la investigación, las ciencias y la educación y concentrándolos para sus negociados.
El presidente de la República, Santiago Peña, creó un problema y vendió la solución: propuso despojar a los intendentes municipales, base electoral indispensable de los grandes partidos políticos, de los recursos que les proveía la Ley 4758/12 (Fonacide), mediante su proyecto “Hambre cero”, y cuando logró la unánime oposición de los jefes comunales, les ofreció a todos no solamente todos los recursos que había propuesto arrebatarles sino muchos más mediante una modificación constitucional del artículo 169 de nuestra Carta Magna. Con esto, el Presidente logra un “campo de simpatía” con la base electoral, con la idea de abrir una rendija en la dura resistencia social a tocar nuestra Constitución, incluyendo la reelección presidencial.