24 de junio de 2026

SAN PEDRO. Las recientes internas partidarias y la proximidad de las elecciones municipales de 2026 invitan a reflexionar sobre un documento que, pese al paso de más de tres décadas, mantiene una sorprendente actualidad. Se trata de la carta pastoral difundida el 25 de febrero de 1993 por el entonces obispo de San Pedro, monseñor Oscar Páez Garcete, quien analizó con profundidad el compromiso cívico y político de los ciudadanos.

La mayoría de los jefes comunales salientes dejan una pesada herencia de desidia y abandono de sus comunidades. Durante los cinco años de mandato, los casos más críticos se dan en Bahía Negra y Puerto Casado. En esta última población, el intendente recibió una condena de tres años y ocho meses de cárcel por hecho de corrupción.

PARAGUARÍ. Los intendentes de los municipios de Quyquyhó y Paraguarí, ambos procesados por presunta lesión de confianza, no presentaron sus rendiciones de cuentas del ejercicio fiscal 2025. Mientras tanto, en otras cuatro municipalidades, las juntas municipales rechazaron las ejecuciones presupuestarias presentadas por los ejecutivos comunales con el argumento de supuestas irregularidades.

PARAGUARÍ. Dirigentes del cartismo comenzaron a instalar el discurso de trabajar por la unidad partidaria en el departamento con miras a las elecciones generales del 2028. Acompañan la eventual dupla presidencial encabezada por Pedro Alliana y el ministro Juan Carlos Baruja, como estrategia para sostener a la ANR en el poder en el 2028.

La Cámara de Diputados reflotó un puñado de pedidos de intervención contra variopintos intendentes sospechados de malos manejos administrativos, entre ellos, el padre del senador cartista David Rivas, Hernán Ysidro Rivas, que pese a graves sospechas de corrupción, buscará el rekutu. Esta misma Cámara Baja había enviado al congelador los pedidos de intervención para siete intendentes, pero este martes archivarán y dejarán los casos impunes.

PARAGUARÍ. Cuatro intendentes de municipios del noveno departamento de Paraguarí no llevaron a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2024. Según la Ley Orgánica Municipal N.º 3966/2010, modificada por la Ley N.º 5590/2016, las municipalidades están obligadas a brindar información pública a más tardar durante la primera quincena de febrero de cada año.