25 de junio de 2026

Se abrió un nuevo frente de conflicto en las altas esferas de la política y los involucrados son Nicanor Duarte Frutos y el director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué. El primero hizo fuertes cuestionamientos a la gestión del funcionario y este afirmó que las críticas tienen un trasfondo personal por no haber cedido a pedidos realizados por el expresidente.
La DNIT emitió la resolución 49, que exige a las empresas proporcionar datos, rendir cuentas y dar explicaciones sobre sus reservas, con el declarado objetivo de forzarlas a convertir ese patrimonio en acciones o distribuirlas para que el fisco pueda sacarles una tajada. “¿Por qué no capitalizan?”, preguntó desafiante Óscar Orué, titular de la DNIT, como si en algún lugar del ordenamiento jurídico se le facultara al Estado, y mucho menos a él, a inmiscuirse en decisiones lícitas de los particulares. Este Gobierno gozó en sus primeros años de una expansión récord de las recaudaciones, pero, en contrapartida, no hizo su tarea de controlar el gasto público y de concretar reformas a tiempo. Si, desesperado por exprimir más a los contribuyentes, quiere crear un nuevo impuesto o ampliar una base imponible, no puede hacerlo de manera torcida y encubierta, recurriendo a un burdo “apriete”, fuera del marco de la ley y de la Constitución.

Ante el pedido que vienen realizando los contribuyentes y profesionales contables, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) extenderá el plazo para presentar los Estados Financieros, y de la nueva exigencia para ampliar datos sobre las utilidades que incluye las reservas y montos pendientes de distribución.
El Gobierno impulsa un proyecto de ley para regular el uso de las “utilidades en reserva”, ante lo que considera un uso abusivo por parte de algunas empresas. Según las autoridades, estas firmas estarían aprovechando un vacío legal para recurrir a esta práctica y así evitar el pago de impuestos.