Horacio Cartes, sancionado recientemente por el Departamento del Tesoro de EE.UU., acumuló entre julio de 2019 y enero de 2022 casi US$ 79 millones en una sola cuenta bancaria. Desde ese depósito, en el mismo lapso y en 28 meses, más de US$ 48 millones fueron a parar al Club Libertad, según pudo trazarse en el informe de inteligencia obrante en Fiscalía. Los traspasos se hicieron antes de la modificación de la ley antilavado para incluir a las tabacaleras y clubes deportivos como sujetos obligados de control. Diputados cartistas y algunos liberales llanistas y dionisistas estaban en contra del cambio.
Esta semana un nuevo foco de microtráfico fue desmantelado en el barrio San Ramón de Hernandarias, con la detención de dos sospechosos y la incautación de 188 dosis de crack. Es solo uno de los tantos de Alto Paraná, que propician la adicción y el aumento del índice de delincuencia.
Río Salado SA, la “poderosa” empresa del clan Fretes, no está registrada ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) pese a ser sujeto obligado al dedicarse a las actividades inmobiliarias. La compañía conectada al presidente –con permiso– de la Corte, Antonio Fretes, incluso tiene como cliente a la Fiscalía General del Estado. La firma mueve millones, siendo actualmente accionista de bancos, casa de créditos, empresa de seguros y agencia de cobranzas.
Hasta el momento, la Fiscalía no solicitó un informe de inteligencia financiera a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero dentro del marco del clan Fretes, que involucra al ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes.
“Está bastante avanzada”, dijo el ministro René Fernández, de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, sobre las investigaciones que iniciaron al “clan Fretes”. Seprelad se enfoca en dilucidar el origen de los recursos que utilizó la familia del ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes para constituir sus empresas. El sospechoso crecimiento patrimonial de Asdrúbal Fretes, hijo del ministro, es ahora uno de los focos centrales de la investigación.
Representantes de una empresa denuncian el supuesto despojo de un inmueble ubicado en San Bernardino y apuntan al síndico de Quiebras, Blas Velázquez, vinculado al presidente, con permiso, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes. El predio fue vendido en 10 veces menos de su valor real de mercado.