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Prácticamente ninguno de los datos sensibles recolectados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sobre el expresidente Horacio Cartes fue desvirtuado por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti. Tampoco hay rastros de alguna desestimación o resultados de las denuncias penales sobre esos reportes financieros contra el titular de la ANR.
Lo cierto es que el Ministerio Público se preocupó más por las “filtraciones” y de cuestionar a la entidad antilavado por realizar su trabajo, antes que esclarecer los informes. En la infografía adjunta mostramos lo que la Fiscalía –hasta ahora– no pudo desmentir o al menos hay rastros de que intentó hacerlo.
Presunta red
El acta de la imputación firmada por Cantero y Grisetti hace mención al informe de inteligencia N° 10/2022 elaborado por Seprelad y obrante en el Ministerio Público desde el 20 de mayo de 2022, casi dos años. Según ese reporte de inteligencia financiera, Cartes habría montado un supuesto esquema con redes de empresas, bancos, casas de cambio, etc., que registraban enormes volúmenes de dinero supuestamente proveniente del tráfico de cigarrillos.
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El informe elaborado por el ente antilavado mostraba cuadros, sugestivas transferencias al exterior, aparentes clientes y otros registros que no son esclarecidos en el acta de imputación. Lo único que Cantero y Grisetti afirman en forma insistente es que la “filtración” habría ocasionado “un gran desprestigio al expresidente de la República y a las empresas vinculadas al mismo” (sic).
Más sugestivo es que no se esclarecen los datos del reporte, pero sí cuestionan que se habría hecho a partir de un borrador confeccionado por supuestos funcionarios ajenos a Seprelad.
No solicitadas
Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti igualmente hacen referencia al pedido de la fiscala de Panamá, Lizzie Bonilla, a través de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG). Los representantes del Ministerio Público afirman que dicha solicitud (en el marco de una investigación que se inició luego de las publicaciones del Pandora Papers y en la cual se conoció una offshore de Cartes) era confidencial.
Por lo cual su publicación, para la Fiscalía, no correspondía. En este punto, un cuestionamiento bastante llamativo de los representantes del Ministerio Público es que también se reprende a la Seprelad porque se “habrían incorporado informaciones no solicitadas y tendientes a influir en el proceso llevado con relación al expresidente Horacio Cartes Jara en la República de Panamá” (sic).
Los fiscales, sin embargo, no desmintieron el pedido. Más sugestivo es que no hay rastros de que hayan solicitado informes a su colega panameña, atendiendo que Cartes había sido denunciado en nuestro país por declaración falsa.
Es que su offshore Dominicana Acquisition SA, creada en 2011 en Panamá, no aparecía en sus DD.JJ. presentadas entre 2013 y 2018, cuando ejercía la presidencia de la República.
Millones para Peña y el imputado Boidanich
El acta de imputación de la Fiscalía también relata los pagos de G. 16 millones al mes, entre 2019 y 2021, que realizó Tabacalera del Este SA (Tabesa) al imputado exministro de Seprelad Óscar Boidanich. Esto, según el informe de la entidad que debe prevenir el lavado de dinero en nuestro país.
El reporte igualmente hacía referencia a transferencias del Banco Basa al actual presidente de la República, Santiago Peña, por G. 10.000 millones.
Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti no desmienten los giros. Sin embargo, dicen que tanto Boidanich como Peña fueron incluidos en los informes a pesar de que no revestían el carácter de investigados en el marco de dicho informe de inteligencia.
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Lo contradictorio es que tanto el citado exministro de Seprelad (2013-2018) como Peña (exjefe de Hacienda - 2015/2017) -durante el gobierno de Horacio Cartes- serían Personas Expuestas Políticamente (PEP), según el reglamento de identificación de PEP y las medidas de la debida diligencia a ser aplicadas. Este manual se elaboró en 2019 a partir de los estándares de Gafilat.