Como se había anticipado, César Emilio Diesel Marín, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel, fue designado como miembro del Tribunal de Cuentas para la capital. Desde que fue ternado, de la mano de Jorge Bogarín Alfonso, ya se especuló que sería el elegido por los ministros, a pesar de estar en los últimos lugares en el ránking y de los postulantes del Consejo de la Magistratura. Martínez Simón destacó su especialidad en el área administrativa, pero el sistema de datos informático lo desmiente.
ÑEMBY. El Tribunal de Cuentas Contencioso Administrativo, Segunda Sala, dio lugar a la medida cautelar solicitada por el abogado, Fernando Beconi, en representación de la municipalidad local contra la resolución N° 106/23 del 5 de junio pasado de la Junta municipal, en donde por unanimidad la corporación legislativa decidió solicitar la intervención de la administración del intendente colorado, Tomás Olmedo. Los ediles califican de aberrante y extemporánea la medida. No descartan recurrir al jurado de enjuiciamiento de magistrados
La comisión de Asuntos Constitucionales planteará hoy la postergación del proyecto de ley que busca que instituciones, gobernaciones y municipios ya no recurran al Tribunal de Cuentas para evitar ser auditados por la Contraloría. El contralor Camilo Benítez afirmó que actualmente mediante un esquema institucional se elude al control y se favorece a la corrupción e impunidad.
La Cámara de Senadores podría postergar hoy el tratamiento de un proyecto de ley que pretende regular las posibilidades que tienen las instituciones, municipios y gobernaciones, para “puentear” a la Contraloría General de la República, mediante el Tribunal de Cuentas. El proyecto tendrá sanción ficta el próximo jueves 22.
La Cámara de Diputados aprobó sin modificaciones el proyecto ley original de la Contraloría General de la República (CGR), que pretende eliminar la posibilidad de administradores de instituciones públicas, de recurrir a un Tribunal de Cuentas para evitar se auditados por el ente contralor. Durante años, instituciones como la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia apelaron a este ardid para ocultar el manejo de su presupuesto.
La Constitución dice que la Contraloría General de la República (CGR) es el órgano encargado de vigilar las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades; ninguna entidad pública escapa al control de la ejecución y la liquidación de su Presupuesto, ni al examen de sus cuentas, fondos e inventarios. La misma normativa establece un Tribunal de Cuentas que, según la Ley N° 2248/03, debe entender exclusivamente en los juicios contencioso-administrativos, con lo que perdió la facultad que hasta entonces tenía de controlar las cuentas de inversión del Presupuesto nacional. Pese a ello, muchas instituciones siguen recurriendo a este Tribunal, que carece de los recursos humanos y materiales para cumplir con dicha tarea.