Propuesta similar a la de Contraloría para ley “antipuenteo” ya se rechazó, recuerdan, pero están dispuestos a insistir

“Es un tema que nosotros ya habíamos planteado por el 2013 aproximadamente, habíamos aprobado en Diputados exactamente en esos términos, que el Tribunal de Cuentas sea una especie de segunda instancia y el Senado rechazó, volvió a Diputados y ya no tuvimos los votos para mantener”, recordó Avalos Mariño.

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El mismo recordó que en los argumentos del reciente veto del Ejecutivo a otros proyecto de ley “anti puenteo” a Contraloría, Peña dijo que instalarán una mesa de trabajo con la Corte para acordar una salida, por lo que está solicitando reunirse con el Contralor para coordinar.

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“Quiero conversar con él (Benítez) y volver a impulsar ese proyecto de ley, porque esa sería la solución”, dijo el diputado liberal. También dijo que el veto del Ejecutivo al proyecto anterior no limita a que se pueda plantear una nueva iniciativa sobre el tema antes de los un año, como si hubiese ocurrido si el rechazo se daba en el Congreso.

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El presidente Santiago Peña había vetado a inicios de este año un proyecto de ley “antipuenteo” a Contraloría, con el argumento de que podría prestarse a acciones de inconstitucionalidad, debido a una larga disputa con el Corte Suprema de Justicia.

¿Qué es el “puenteo”?

El problema de fondo a resolver es que varias instituciones, entre ellas la propia Corte, recurren al Tribunal de Cuentas, un órgano judicial de cuestionada facultad constitucional y casi nulo personal para que estos “fiscalicen” su documentación sobre el uso de dinero público y con el fin de avalar su gestión.

Todo esto, evadiendo a la Contraloría, que es la institución a la que la Carta Magna expresamente le faculta a auditar a instituciones públicas y que tiene al menos un poco más de personal para verificar el correcto uso del dinero público.

Durante el último debate sobre el tema del Cámara de Diputados, legisladores como el diputado Raúl Benítez (PEN), denunciaron que el Ejecutivo adrede pretende pretende mantener este conflicto de atribuciones, como “una herramienta de apriete” contra los enemigos políticos en el caso de la Contraloría, y por otro lado, “mantener la mano de blanqueo” para los amigos con el Tribunal de Cuentas.