Seguirá el “puenteo” a la Contraloría gracias a Peña y a los cartistas

Tras el cuestionado veto del presidente Santiago Peña, la mayoría cartista y algunos “satélites” en Diputados dieron el “tiro de gracia” y remitió al archivo el proyecto de ley que pretendía evitar que instituciones del Estado sigan evadiendo ser fiscalizadas por la Contraloría, recurriendo al Tribunal de Cuentas, que no tiene la potestad constitucional ni la capacidad operativa para controlar el uso de fondos públicos.

Opositores advirtieron que esto busca mantener una “herramienta de apriete” en manos del Gobierno.

El diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional) fue uno de los más enfáticos en cuestionar el veto del Ejecutivo, destacando que hay serias contradicciones por parte del Gobierno, ya que para el proyecto de ley Hambre cero pontificaron sobre la importancia de la Contraloría en los controles; sin embargo, ahora abren la puerta a que siga siendo evadida.

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Ante esto, “no me queda de otra que suponer que el espíritu real del veto del Ejecutivo es tener en una mano el palo para el enemigo político y la herramienta del blanqueo para el amigo político. Eso es lo que quiere mantener el Ejecutivo con este veto”, dijo Benítez.

“Este veto lo que busca es poner la Contraloría para el enemigo y poner el Tribunal de Cuentas para que se pueda blanquear. Entonces evidentemente, una vez más, este veto así como otros proyectos del Ejecutivo tienen como pilar fundamental mantener una herramienta de apriete y, por otro lado, mantener la mano de blanqueo según convenga para ejercer poder y seguir controlando todo lo que puede controlar”, acusó el diputado encuentrista.

“Cambió la orden”, acusa Johanna Ortega

La diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) también reprochó duramente que el veto del Ejecutivo fue ocultado por más de 10 días, contrario a lo que obliga la ley, que es su publicación inmediata, lo cual quedó impune.

Tampoco evitó resaltar que al menos una decena de diputados de la anterior legislatura votaron a favor de este proyecto, entre los cuales, por ejemplo, ahora la líder de bancada de Honor Colorado, Rocío Abed (ANR, HC), cambió de postura.

“Diez diputados que estaban en esta sala el 15 de marzo de 2023 votaron a favor de este proyecto de ley y hoy no lo van a hacer. ¿Qué cambió? Cambió el Presidente de la República, cambió el sector político que nos gobierna, cambiaron los acuerdos, la composición inicial de estas bancadas y seguramente también cambió la orden”, dijo Ortega.

También en defensa del rechazo al veto, el diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) atacó algunos puntos del argumento del Ejecutivo, que consideró se construyeron con base en “ciertas falsedades”.

“Esto lo hizo en base a ciertas falsedades. (...) En este párrafo vemos la falta de verdad. Habla de ‘contienda de competencia’ y no existe tal, ya que el Tribunal de Cuentas está compuesto por jueces y la Contraloría no es un órgano juzgador y fiscalizador de las cuentas públicas”, apuntó Espínola.

Precisamente, una de los que llamativamente cambiaron de postura fue la líder de bancada de Honor Colorado, diputada Rocío Abed, que fue una de los pocos que argumentó a favor del veto.

“Es importante ver que si esta ley no es realmente la solución, podemos mejorar”, alegó Abed, que refirió que supuestamente esperan que tanto Contraloría como el Tribunal de Cuentas planteen una “solución” alternativa tras el archivamiento de este proyecto.

“Está instalada una mesa de trabajo entre la Contraloría, que nadie discute el rol fundamental que cumple, así como el Tribunal (...), con el objetivo de que esa mesa pueda presentar al Congreso un proyecto de ley que pueda ser efectivo”, refirió.

Otro que se tiró contra la Contraloría fue el diputado colorado oficialista Hugo Meza, señalando que muchas veces emiten informes “rimbombantes sobre números y sobre fantasías que se desmontan fácilmente”.

“Por poco, se quiere pontificar a la Contraloría General de la República y todos sabemos que está rebasada en su capacidad de control a lo largo y ancho del país, y donde sus controles son aleatorios y no precisamente es la panacea para lograr la tan anhelada transparencia”, afirmó Meza.

Esquema para evadir control

Lo que se mantiene ahora es un esquema aprovechado por casi una treintena de instituciones públicas, que, con el fin de no ser fiscalizadas por la Contraloría, presentan sus rendiciones de uso de fondos públicos ante el Tribunal de Cuentas, que no tiene capacidad para revisar a fondo, logrando en la práctica un “blanqueo”.

Desde 2008 a 2019, la Corte otorgó 28 acciones de inconstitucionalidad favorables a cuestionadas administraciones como la de Antonio Fretes en la Corte o Javier Díaz Verón en la Fiscalía.