Contraloría halló faltante de expendedoras en Petropar valuadas en G. 40.000 millones

Un informe de la Contraloría reveló el faltante de 958 expendedoras de combustibles en Petropar, valuadas en G. 40.000 millones. Mientras tanto, la estatal licitó la compra de estos equipos por G. 16.286 millones, que ahora se cancelará, según informó la petrolera estatal.

Pedro Román, presidente de Petropar.
La auditoría de la CGR afecta a la administración del expresidente de Petropar, Pedro Román.

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Un informe de cumplimiento que fue elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) y que el miércoles último fue presentado ante el Congreso Nacional por el contralor Camilo Benítez, reveló el faltante de 958 expendedoras de combustibles en Petropar, valuados en G. 40.000 millones. La auditoría afecta a la administración de Pedro Román (ejercicio fiscal 2022).

El ente de control señaló que de acuerdo a las verificaciones realizadas por el equipo auditor, a los formularios para la Administración, Control, Custodia, Clasificación y Contabilización de los Bienes del Estado remitidos al equipo auditor por los responsables de Petropar, y contrastados con actas de verificación “in situ” realizadas en el Departamento de Almacenes, se detectó una diferencia o faltante de 958 máquinas expendedoras de combustibles, correspondiente a un monto aproximado de G. 40.001.929.719.

La auditoría de Petropar reveló el faltante de 948 expendedoras de combustibles en Petropar.
La auditoría de Petropar reveló el faltante de 948 expendedoras de combustibles en Petropar.

Descargo de Petropar no satisface

Asimismo, la CGR enfatizó que el descargo presentado por Petropar no satisface para rectificar lo observado por el equipo auditor, ya que los responsables de la Dirección Comercial remiten como documento de respaldo del descargo un listado de 792 máquinas expendedoras entregadas en comodato. No obstante, en el citado listado no se detalla: el código patrimonial (rotulado), número de serie y demás datos con los que pudieran ser individualizadas en el Inventario General y reconocidas como propiedad de la estatal.

Agrega que tampoco remitieron documentos que avalen la situación de comodato de dichas máquinas, ya sea contrato, nota de remisión, acta de entrega, que ya fueron solicitados a la entidad durante la ejecución de la actividad de control, que afecta al ejercicio fiscal del año pasado.

Añadió que la empresa pública también remitió en el descargo un listado de 38 máquinas expendedoras en estado de desuso y que dicho listado tampoco cuenta con código patrimonial que permita su identificación y valuación dentro del inventario general. “Este listado no fue remitido durante la ejecución del trabajo de campo, por lo cual no pudo ser verificado por el equipo auditor”, resaltó el escrito.

A la vez, enfatizó que Petropar informó sobre 4 máquinas expendedoras de combustible que fueron incautadas por Senabico y entregadas a Petropar en carácter de depositario judicial, las cuales no pueden ser consideradas como alguna de las máquinas faltantes, ya que no son de propiedad de la petrolera pública.

“Con relación al descargo presentado por el Departamento de Patrimonio en el cual mencionan una posible causa, sin tener certeza alguna de la misma, responsabilizando de esta situación a una migración de información al sistema informático SAP. Ante la falta de documentación que acredite fehacientemente la existencia, ubicación y estado de las máquinas expendedoras de combustible, este equipo auditor se ratifica en la presente observación”, resaltó el informe de la Contraloría.

Millonaria licitación de Contraloría para compra de expendedoras

Mientras la Contraloría reveló el faltante de 958 expendedoras de combustibles en Petropar, la estatal licitó la compra de estos equipos (ID 424.216) por G. 16.286 millones. La apertura de la subasta se realizó el 18 de abril último, donde participaron tres empresas (Arpec Paraguay S.R.L, Andrés Antonio Manuel Acevedo Barlari y Diesa SA).

Este diario consultó ayer a la petrolera pública sobre la situación de la mencionada licitación y la empresa estatal, que actualmente dirige Eddie Jara, informó que se pidió la anulación, atendiendo a que era “llamativo que la cantidad que se quería comprar era equivalente a casi 50 estaciones de servicios”. En el portal de la DNCP no se publicó ningún documento de anulación y al cierre de esta edición tampoco se remitió ningún documento oficial al respecto.

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