Fiscalía realiza peritaje en planta de INC de Vallemí ante posible daño patrimonial

En el marco de las investigaciones de un posible daño patrimonial de G. 2.173 millones en la INC, la fiscala Natalia Fuster inició las tareas de peritaje en la planta de Vallemí para verificar una “inversión” realizada durante la administración de Ernesto Benítez, expresidente de la estatal.

Un equipo del Ministerio Público se constituyó en la planta de la INC en Vallemí.
Un equipo del Ministerio Público se constituyó en la planta de la INC en Vallemí.

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La fiscala Natalia Fuster, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, informó que ayer, martes 17, los peritos designados por el Ministerio Público iniciaron labores de peritaje en la planta de la Industria Nacional de Cemento (INC) de Vallemí.

Esto en el marco de las investigaciones de un posible daño patrimonial de G. 2.173 millones en la cementera pública, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) reportase indicios de hechos punibles tras una auditoría de la ejecución de la última parte de los bonos soberanos que el Estado había destinado en la cementera estatal.

El peritaje se realizará hasta hoy, según resolución de la fiscala y con este trabajo buscan identificar el posible perjuicio patrimonial en el marco del contrato de “Montaje Mecánico, Eléctrico, Electrónico y Civil para la Puesta en Marcha del Ventilador Tiro Horno III” de la fábrica de Vallemí, La“inversión” se hizo en el 2021, durante la administración de Ernesto Benítez.

La ejecución de tarea fue adjudicada por G. 8.377 millones a la empresa CIE S.A., representada por Hugo Ángel Aranda Núñez, en diciembre de 2020. A este monto sumaron G. 1.002 millones más mediante la adenda N° 2, por lo que el monto del contrato llegó a G. 9.379 millones.

Los peritos del Ministerio Público que fueron designados para este caso son la ingeniera Rosa Franco y la arquitecta Olga Fleitas, ambas del laboratorio forense, quienes tendrán 25 días hábiles para la presentación de la pericia, contados a partir de su constitución en la sede de la INC para realizar esta tarea.

Con el contrato para el montaje del ventilador tiro horno, la INC “completó” las “inversiones” hechas con los recursos provenientes de la colación de los bonos soberanos por parte del Estado en la cementera pública, según la Fiscalía; es decir, la última parte de los US$ 80 millones que recibió la cementera durante el Gobierno de Horacio Cartes, para “mejorar” sus fábricas de Vallemí y Villeta, que se “completó” bajo la administración de Ernesto Benítez, ya durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

INC: otra causa se investiga desde hace casi cuatro años

Desde hace casi cuatro años, la fiscalía investiga otra carpeta sobre el derroche de los bonos en la INC, pero hasta ahora no hay imputados. El fiscal Jorge Arce, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, quien está a cargo de investigar este caso, que abarca la mayor parte de “inversión” de los US$ 80 millones provenientes de los bonos soberanos en la Industria Nacional del Cemento (INC), señaló que la causa “no se cajoneo” y que sigue aún los indicios de lesión de confianza en este caso.

El agente investiga la carpeta desde diciembre del 2019, luego de que un informe de la Contraloría General de la República (CGR) revelara el fracaso de las apuestas en las fábricas de Villeta y Vallemí, durante el Gobierno de Horacio Cartes, cuando Jorge Méndez era presidente de la cementera pública.

Los indicios de hechos punibles

Esta causa de la INC se abrió en mayo último, tras el reporte de los indicios de hechos punibles por parte de la CGR al Ministerio Público. El ente de control realizó una fiscalización inmediata al mencionado contrato, la cual culminó en agosto del 2022, en la que verificó la certificación de ítems en cantidades distintas a las ejecutadas. También vía adenda se incluyeron ítems de obra que ya estaban establecidos en el contrato original, en contravención al pliego.

Asimismo, el ente reveló que los precios de los ítems de la adenda 2 “incluyen gastos generales no acordes con los de mercado, inclusive a los del contrato original”. Todos estos hechos hallados hacen suponer un daño patrimonial de G. 2.173 millones.

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