Fiscal dice que no cajoneó la causa del derroche de los bonos en INC

El fiscal Jorge Arce, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, que está a cargo de investigar la “inversión” de los US$ 80 millones provenientes de los bonos soberanos en la Industria Nacional del Cemento (INC), señaló que la causa “no se cajoneo” y que sigue indagando indicios de lesión de confianza en este caso.

El agente investiga la carpeta desde diciembre del 2019, luego de que un informe de la Contraloría General de la República (CGR) revelara el fracaso de las apuestas en las fábricas de Villeta y Vallemí, durante el Gobierno de Horacio Cartes, cuando Jorge Méndez era presidente de la cementera pública.

Por ejemplo, el molino de clínker que la “superproveedora” Engineering vendió a la cementera y que se instaló en la planta de Villeta, volvió a operar desde hace algunas semanas tras más de seis meses de paralización. Esta máquina tiene constantes fallas.

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Poca producción y pérdidas en INC

Asimismo, la auditoría del 2019 de la CGR detectó que la producción de clinker (insumo del cemento) con el cambio de combustión del horno de Vallemí (de fueloíl a coque), se mantuvo muy por debajo de la capacidad garantizada de la cementera. Hoy la estatal llega a producir ni a la mitad de las 90.000 bolsas de cemento que se prometió y registra una pérdida de G. 35.000 millones en lo que va del año.

“No está cajoneado, seguimos con las diligencias. Yo no tengo solamente esa causa, tengo muchísimas causas y esa era una causa bastante compleja, porque eran varios contratos. Lo que sí siempre dije es que en el caso no hay reportes concretos de hechos punibles, es decir, yo tengo que identificar el hecho punible. Empecé a ver qué hechos podrían ser penalmente relevantes y a partir de ahí empezamos a hacer las diligencias”, expresó.

Asimismo, Arce indicó que sigue realizando las diligencias para agotar todas las instancias de la causa, pero que no hay plazos para alguna imputación o desestimación. “Las investigaciones tienen su tiempo y particularmente este tipo de causas, de la forma en el que se abrió, porque fue (abierto) con una nota de remisión de la propia INC. Estoy agotando todas las diligencias que yo creo que corresponden para las auditorías que se remitieron”, expresó.

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Asimismo, resaltó que hay indicios de lesión de confianza en lo que está investigando hasta ahora. “El hecho penal que yo encuadré y que podría resultar de lo que se denunció, que viene a ser como una especie de prognosis, es el de lesión de confianza. Ese viene a ser el hecho punible que yo estoy investigando”, mencionó.

Otra causa se abrió en mayo

Desde mayo último, la fiscalía investiga otro posible daño patrimonial de G. 2.173 millones en la INC, luego de que la Contraloría haya reportado indicios de hechos punibles en la ejecución de la última parte de los bonos soberanos, concretamente para el montaje del ventilador tiro de horno de Vallemí, que se ejecutó durante la administración de Ernesto Benítez.

Esta causa está en manos de la la fiscala Natalia Fuster, también de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, que este 16 de octubre realizará un peritaje para identificar el posible perjuicio.

Arce indicó que en la causa de su colega Fúster, la Contraloría reportó posibles hechos punibles concretos, por lo que las pesquisas están avanzando rápidamente. Esto, según mencionó, a diferencia de su caso, en el que sólo se remitió un informe general y que se analizan prácticamente la mayor parte de los contratos ejecutados con los recursos de los bonos.