Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, adjudicó la licitación para las “Construcciones Civiles de la Planta Industrial Mauricio José Troche”, que contempla el desarrollo del proyecto ejecutivo y la construcción de oficinas administrativas.
La obra fue adjudicada a la empresa Corporación Lemuria S.A., representada por Pablo Rodríguez Rodas, por un monto de G. 981.994.760. El contrato fue firmado el pasado 2 de diciembre, aunque la documentación correspondiente recién fue dada a conocer en los últimos días.
La adjudicación se concretó en medio de cuestionamientos de los cañicultores, quienes reclaman que la estatal priorizó la construcción de oficinas mientras sigue sin resolverse la culminación del montaje y la puesta en marcha de una nueva línea de molienda de caña de azúcar en la alcoholera de Mauricio José Troche, en el departamento de Guairá.
Petropar había informado que inició el proceso de rescisión del contrato con la firma Estructura Ingeniería S.A. (EISA), representada por Alberto Palumbo, y que llamaría a una nueva licitación para completar las obras. Sin embargo, hasta el momento no se registraron avances concretos en ningún nuevo llamado.
Cañicultores emplazan a titular de Petropar
Ante esta situación, los cañicultores de Mauricio José Troche volvieron a emplazar al titular de Petropar para que impulse sin más dilaciones la finalización del nuevo tren de molienda, una obra largamente postergada que derivó en más de un mes de protestas y cierres de rutas durante 2025.
La advertencia fue planteada tras la reunión que tuvieron con el presidente de Petropar, Eddie Jara; el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez; el gobernador de Guairá, César Sosa, y otras autoridades, en la que se abordó el estado del proyecto y las obras complementarias necesarias para su funcionamiento.
No obstante, desde la petrolera estatal no volvieron a difundirse detalles sobre el nuevo plan de acción ni sobre la situación contractual definitiva con EISA, tras el anuncio del inicio del proceso de rescisión.
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Lo único informado oficialmente es que Petropar inició la rescisión del contrato adjudicado en diciembre de 2021, durante la gestión de Denis Lichi (ANR) —actual gobernador de Cordillera—, por un monto de G. 195.299 millones (unos US$ 28,3 millones, al tipo de cambio actual).
La empresa adjudicataria no logró concluir la planta en el plazo establecido, pese a haber percibido un anticipo de G. 41.815 millones. Posteriormente, tras un avenimiento ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en julio de 2023, se subcontrató a la firma Ocho A, vinculada a Luis Pettengill, para culminar los trabajos.
Sin embargo, tras asumir Eddie Jara, las obras fueron suspendidas en septiembre de 2023, dando inicio a una serie de verificaciones y auditorías externas cuyos resultados nunca fueron difundidos públicamente.
Petropar contrató varias consultorías para estas revisiones y, como resultado, comunicó a la empresa la apertura formal del proceso de rescisión a comienzos de este mes, en medio de una nueva crisis con los cañicultores, a quienes se les prometió que el nuevo tren de molienda estaría operativo en el plazo de un año.
Hasta ahora, la estatal no aclaró si llamará a una nueva licitación o si utilizará los equipos adquiridos por EISA en Brasil, que permanecen sin ser montados en el tinglado ya construido.