Mediante el decreto 5.306, promulgado el viernes 16 último, el presidente Peña y sus ministros Javier Giménez (MIC) y Gustavo Villate (MITIC) decidieron establecer y desarrollar las “Industras Convergentes”.
Además, crean el grupo de consumo de industrias convergentes y deciden “las tarifas de energía eléctrica” de las que se beneficiará este grupo especial”.
La Unión de Ingenieros de la AANDE (UIA), en su “enérgica y categórica”, protesta simplifica esa fórmula que en el decreto en cuestión sugiere cierta complejidad, al menos escasamente usual en la literatura relacionada con el sector secundario de nuestro país.
Los decretos 5306 y 5307, “fijan nuevas tarifas eléctricas para grandes consumidores, por debajo de los valores establecidos en el pliego tarifario vigente”, señalan.
De energía renovable a otros vectores energéticos
La segunda disposición del Poder Ejecutivo, fechada igualmente el primer día de la presente quincena, decide la incorporación de las iniciativas denominadas “energía a X” (power to X) en el contexto de creaciones del decreto precedente.
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El documento, según un indispensable resumen, pretende promover el desarrollo de industrias que convierten energía renovable en “diferentes vectores energéticos”.
Con la aplicación del segundo decreto crean el grupo de consumo para las industrias de “energía a X”. Establecen un régimen tarifario específico para el suministro de energía eléctrica para estas industrias y especifican que fijarán estas tarifas en dólares y que regirán durante 15 años.
El gremio de ingenieros de la empresa eléctrica estatal, reiteremos, advierte en su respuesta que las nuevas tarifas -para grandes consumidores- están por debajo de los valores establecidos en pliego vigente.
Usurpación y atropello
La UIA, con relación a los argumentos políticos que sustentan estos decretos, alerta que configuran una usurpación de competencia y un grave atropello a la autonomía técnica, tarifaria y operativa de la ANDE, “garantizadas en la legislación vigente”.
Avisan, asimismo, a las autoridades de la estatal que “la aceptación e implementación de disposiciones contrarias al marco legal vigente, “podría derivar en responsabilidades administrativas, civiles o patrimoniales en la medida en que se generen perjuicios al patrimonio público o el normal funcionamiento del servicios eléctrico conforme a la normativa aplicable”.
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Finalmente reiteran su compromiso con la protección del patrimonio público y enfatizan que solo el respeto al marco legal permitirá asegurar el desarrollo energético que el país merece.