El Sindicato de Trabajadores de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Sintraco) solicitó que la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción N° 13 del Ministerio Público, a cargo de la fiscala Laura Mercedes Giacummo Fernández, investigue las compras realizadas por Hola Paraguay SA (Vox), empresa satélite de la telefónica estatal Copaco.
Desde el gremio sostienen que existirían indicios de más desfalcos cometidos a través de Vox, mediante compras directas de insumos para Copaco canalizadas por su subsidiaria, que se encuentra exenta de la Ley N° 7021 de Compras Públicas. Según denunciaron, esta estructura habría sido utilizada para eludir los controles establecidos para las adquisiciones del Estado.
Rolando Melgarejo, secretario general de Sintraco, señaló que por este motivo insisten en que la Fiscalía solicite los detalles de todas las compras realizadas por Vox en los últimos años. Aseguró que el presunto desvío de más de G. 1.100 millones detectado en Copaco sería “solo la punta del iceberg”.
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Melgarejo también advirtió que la mala administración de la empresa estatal profundiza la crisis financiera tanto de Copaco como de Vox, situación que mantiene a los funcionarios sin percibir sus salarios correspondientes al mes de diciembre.
Vox, una “caja de Pandora”
Por su parte, Rubén Aguilar, funcionario de Copaco e integrante de Sintraco, afirmó que el actual titular de Copaco, Óscar Stark, ejerce simultáneamente la presidencia de Vox y que la empresa satélite debería ser controlada por un directorio integrado por tres miembros.
Indicó que los directores de Vox, a su vez, deben ser gerentes de Copaco, por lo que tanto el presidente como los directores están obligados a controlarse mutuamente en la gestión, o de lo contrario, serían cómplices.
En ese sentido, recordó que el estatuto de Copaco establece que la administración financiera es responsabilidad del presidente en conjunto con el gerente administrativo financiero, por lo que —según dijo— Stark no podría alegar desconocimiento sobre el millonario desvío detectado, al ser el “ordenador de gastos” de la estatal.
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“Vox prácticamente es una caja de Pandora porque se violó el estatuto y está siendo manejada de forma discrecional y unilateral por Stark. Nadie sabe lo que pasa ahí”, expresó Aguilar. Añadió que, ante la falta de controles, se presume que Copaco transfiere recursos financieros a Vox para el pago de salarios, facturas y adquisiciones, sin que exista claridad sobre su administración.
Aguilar sostuvo que, según balances, la cuenta acumulada de Vox ronda los US$ 50 millones, correspondiente a obligaciones pendientes con acreedores. Señaló que no existe transparencia en la información financiera, pese a que se trata de una empresa pública, condición que —según recordó— fue ratificada por la propia Procuraduría General de la República, al considerar que Copaco es una entidad pública y, por ende, Vox también debería serlo.
Indicó además que la principal fuente de ingresos de Vox proviene de la propia Copaco, que le paga por el uso de su infraestructura y servicios, lo que agrava la dependencia financiera entre ambas compañías.
Finalmente, advirtió que, en el escenario actual, ninguna empresa privada estaría dispuesta a invertir en la estatal para contribuir a su recuperación financiera.