A tambor batiente y en medio de un caldeado ambiente de manifestaciones a nivel país, la Cámara de Diputados (con mayoría cartista) otorgó ayer media sanción al proyecto de ley de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, o caja fiscal, con una serie de modificaciones con respecto al plan inicial del Ejecutivo, en medio de reclamos de los afectados por la falta de un análisis más técnico y minucioso del plan que afecta principalmente los beneficios del sector docente y de las fuerzas públicas.
La propuesta de la postergada reforma de la deficitaria caja fiscal fue presentada a finales del 2025 por el ministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos con el fin de reducir el elevado déficit que viene acumulando el fondo de jubilaciones del sector público. Solo en el año 2025, el déficit de la caja llegó a US$ 380 millones y a casi US$ 1.600 millones en la última década.
A solo un mes que tuvo entrada el proyecto en el legislativo y en medio del receso parlamentario, el proyecto fue analizado ayer en sesión extra de la Cámara Baja que introdujo finalmente modificaciones con respecto a la propuesta del Ejecutivo, y del dictamen de comisiones. Mientras que la aprobación del plan en Diputados se dio en el transcurso de la mañana y tarde de ayer, unas horas después, el proyecto ya tuvo entrada en la Cámara Alta, por lo que no extrañaría que la ley quede sancionada en los próximos días.
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Con las modificaciones aprobadas por Diputados, se introduce un esquema diferenciado de jubilación para los docentes. Por un lado, se mantiene la edad mínima de 57 años para la jubilación ordinaria que fue la propuesta del Ejecutivo, con 25 años de aporte, y una tasa de sustitución que oscila entre el 70% y el 85%, también calculada sobre el promedio de los últimos cinco años.
Esta variación en la escala de sustitución de los haberes sufrió un cambio considerable, ya que en la ley vigente este porcentaje varía entre 83% y 100% de conformidad a la edad del cotizante y sus años de aportes. Es decir, que con estos cambios se dará un recorte considerable en los haberes que recibirán los beneficiarios alcanzados por la Ley.
Aunque en principio, el dictamen de comisiones sugerían una escala del 60% al 85% que podría haber recortado más el beneficio que deben recibir los jubilados.
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Jubilación ordinar
Además, se incorpora la figura de la jubilación extraordinaria, que permitirá el retiro a partir de los 55 años, pero con una exigencia mayor de 30 años de aporte y una tasa de reemplazo del 70%, calculada sobre el promedio salarial de los últimos diez años.
Cabe recordar que, según la ley vigente, los docentes no tienen una edad mínima para acceder a la jubilación, un factor que, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), constituye uno de los principales factores de insostenibilidad del sistema.
Magistrados y Fuerzas Públicas
En la misma línea de los docentes, los funcionarios de las Fuerzas Públicas y los magistrados judiciales también sufrirán modificaciones con respecto a la edad mínima para acceder a la jubilación ordinaria que se equiparó en 57 años y 25 años de aportes, mientras que las tasas de sustitución se mantienen en el mismo rango que los maestros entre 70% y 85%, en la versión de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.
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Otro cambio significativo en el proyecto aprobado por los Diputados es que se contempla un aporte del 16% para los afiliados del sector superavitario y del 19% a afiliados de sectores deficitarios que sería aplicado desde la promulgación de la ley.
Con este cambio, solo el sector de la Administración Central (el único superavitario por el momento) y que incluye a personal de salud seguirá aportando el 16%. A diferencia del proyecto del Ejecutivo que contemplaba un reajuste general del 19% para todos los funcionarios, desde 16% que está vigente actualmente.
En cuanto al aporte del Estado el proyecto aprobado contempla una aplicación gradual del 1% al 5% a partir del siguiente ejercicio fiscal al de su promulgación.