En el Programa Civil, el promedio salarial se ubica en G. 7.900.000, mientras que el promedio de beneficios alcanza G. 5.300.000. Esta relación muestra una brecha moderada entre ingresos en actividad y prestaciones, consistente con un esquema donde el beneficio se mantiene por debajo del salario promedio, aunque en un nivel relativamente cercano. Dentro de este programa, la Administración Pública presenta un salario promedio de G. 8.000.000 y beneficios de G. 4.800.000, lo que refleja una diferencia más marcada entre ingresos y jubilaciones, reduciendo parcialmente la presión sobre el sistema en términos relativos.
Un caso distinto es el de los Magistrados Judiciales, donde el salario promedio asciende a G. 18.700.000, el más alto entre todos los sectores analizados. El promedio de beneficios, en este caso, se sitúa en G. 12.800.000. Si bien existe una reducción respecto al ingreso en actividad, el nivel absoluto del beneficio es significativamente superior al del resto de los sectores, lo que introduce una fuerte asimetría interna dentro del sistema. Esta diferencia no solo es nominal, sino también estructural, dado que eleva el gasto promedio por beneficiario en este segmento.
El Magisterio Nacional presenta un salario promedio de G. 7.800.000 con beneficios de G. 5.200.000. Para financiar una jubilación en este sector por las particulares características se necesitan 6,1 activos por beneficiario. Sin embargo, la relación en la actualidad es de solo 2, una importante brecha que presiona el programa y lo vuelve insostenible.
En el caso de los Docentes Universitarios, el salario promedio es de G. 6.200.000, uno de los más bajos entre los sectores civiles, mientras que el promedio de beneficios asciende a G. 8.400.000. Este dato resulta particularmente significativo, ya que el beneficio promedio supera al salario promedio en actividad. Esta inversión de la relación tradicional entre ingresos y jubilaciones introduce un elemento de tensión financiera, al implicar que el sistema paga, en promedio, más durante la etapa pasiva que durante la activa.
Por otro lado, el Programa No Civil muestra un salario promedio de G. 6.000.000 y beneficios de G. 8.800.000. Aquí, la diferencia a favor del beneficio es aún más marcada. Dentro de este grupo, las Fuerzas Armadas registran un salario promedio de G. 6.600.000 y beneficios de G. 8.800.000, mientras que las Fuerzas Policiales presentan salarios promedio de G. 5.600.000 y beneficios de G. 8.700.000. En ambos casos, el nivel de prestaciones supera con claridad al ingreso en actividad, consolidando un esquema donde la etapa pasiva resulta, en promedio, más favorable que la activa.
Al observar el total del sistema, el promedio general oculta las fuertes heterogeneidades entre sectores. Mientras algunos mantienen una brecha coherente entre ingresos y jubilaciones, otros exhiben beneficios elevados en relación con salarios relativamente bajos, lo que incrementa las presiones fiscales y distributivas.
Los datos revelan que el debate previsional no puede abordarse únicamente desde el número de beneficiarios o aportantes, sino que como se viene realizando acertadamente, debe considerar la estructura de ingresos y beneficios por sector. Las diferencias observadas siguen planteando interrogantes sobre la equidad interna, sostenibilidad financiera y coherencia entre trayectoria laboral y nivel de prestación, elementos centrales para la discusión y aprobación de reformas al sistema.
*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones