El conflicto en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) va escalando. Tras el cuarto intermedio con la mesa técnica, que buscaba una “implementación consensuada” de los decretos N.° 5306 y 5307, el Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) endureció su postura.
El secretario general del gremio, Adolfo Villalba, confirmó ayer que la consigna es la derogación total de ambas normativas y no una aplicación gradual como pretende el Ejecutivo.
Durante una reunión con delegados gremiales, Villalba fue tajante al señalar que el objetivo es ir “al todo o nada”. Las acciones aprobadas incluyen decisiones como que Sitrande se declara en estado de movilización permanente. La realización de audiencias públicas y presencia en las calles. Uno de los puntos más críticos de la nueva hoja de ruta sindical es el pedido de interpelación para el presidente de la institución, Ing. Félix Sosa.
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Villalba explica que buscarán que la presión ciudadana y gremial obligue al Legislativo a tomar seriamente este proceso de control para evitar “una interpelación débil”.
Con ese propósito plantean dafinclusive ayudar a redactar las preguntas más técnicas para que los parlamentarios sepan qué consultar.
El dirigente advirtió que, si el titular de la ANDE llega a emitir una resolución interna para aplicar los decretos, el sindicato “se irá con todo encima de él”.
El malestar de los trabajadores se basa en los beneficios otorgados a las denominadas “industrias convergentes” y al grupo “Energía a X”.
Según las denuncias técnicas presentadas previamente ante la Contraloría CGR, estos decretos fijan tarifas de aproximadamente US$ 25/MWh por un plazo de 15 años sin reajustes, valor que se sitúa por debajo del costo que la ANDE abona a Itaipú y Yacyretá, hecho que implicaría un subsidio implícito y un potencial perjuicio patrimonial al Estado.
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La desconfianza del gremio hacia la gestión de Sosa viene creciendo desde las movilizaciones del pasado 2 de febrero, cuando ya le exigieron “firmeza o renuncia”.
Los trabajadores sostienen que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) tendrán la potestad de decidir quiénes acceden a estas tarifas preferenciales, relegando la autonomía técnica de la ANDE y obligándola a asegurar el suministro a precios que podrían forzar al país a importar energía a costos de mercado en el futuro.
En el marco de esta estrategia, el diputado Mauricio Espínola, presidente de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos de la Cámara Baja, participó del encuentro con los sindicalistas. El legislador llevó la inquietud del gremio para iniciar las gestiones políticas necesarias en el Congreso.