Este martes, se está decidiendo en el Congreso Nacional qué pasará con la anunciada “reforma” de la Caja Fiscal. Pero, ¿qué es esta “caja” y por qué nos debería importar a los paraguayos y paraguayas?
La Caja Fiscal es el nombre corto del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público. Sería como el “IPS” de los funcionarios del Gobierno Central (es que en Paraguay, hay 8 cajas de jubilaciones, todas distintas, todas coexistiendo con diferentes parámetros según el sector).
En este caso, uno de esos ocho sistemas es la Caja Fiscal, donde aportan -para poder jubilarse en el futuro- los docentes de escuelas y colegios públicos, de universidades nacionales, junto con los militares, policías, funcionarios judiciales, médicos y personal de blanco y los funcionarios administrativos en general.
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Algunos parámetros de cada rubro
- Los funcionarios administrativos tienen que tener por lo menos 62 años para poder jubilarse y aportar durante 20 años.
- Médicos del sector público, odontólogos, bioquímicos, sicólogos, personal de enfermería y obstetricia deben tener como mínimo 55 años y aportar 25 años.
- Los magistrados judiciales (trabajadores del Poder Judicial), solo deben tener 50 años de edad y 24 años de aporte.
- Las personas con discapacidad que trabajan en la función pública deben tener 55 años como mínimo y aportar 20 años.
- Docentes del sector público, incluidos los universitarios, así como los policías y los militares, no tienen ninguna edad mínima para jubilarse.
Los tres sectores deficitarios
Precisamente, esos sectores que no tienen exigencia de edad mínima para jubilarse son los que causan hoy el millonario déficit de la Caja Fiscal.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre 2021 y 2025, el déficit de la Caja Fiscal fue de 1.380 millones de dólares, cubierto en su mayor parte con impuestos que pagamos todos. O sea, con aporte de todos los paraguayos y paraguayas, incluso aquellos que no se jubilan.
En menor medida, ese déficit se cubre con recursos de sectores superavitarios (o sea, de otros funcionarios públicos que aportan más y que tienen mayores exigencias que los docentes, policías y militares).
Precisamente, los docentes solo deben aportar como mínimo durante 25 años, no importa cuántos años tenga la persona.
Esto, a pesar de que la expectativa de vida en Paraguay está en más de 70 años y pese a que este es el único sector que consigió, a través huelgas y movilizaciones, tres años de aumento salarial del 16% cada año (sin diferenciación entre el docente que se capacitó y el que no, sin importar eficiencia o negligencia, etc.).
Los militares, por su parte, se pueden retirar desde los 15 años de aporte y los policías, desde los 10 años de aporte. Es decir, las fuerzas públicas tienen un sistema aún más privilegiado. Tanto que hasta un trabajador de este sector podría retirarse con media jubilación a los 40 años de edad, si quisiera.
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Las contradicciones, privilegios y los relegados
En Paraguay, el sistema de pensiones es tan fragmentado y a la vez tan contradictorio, que a pesar de haber tantas cajas distintas de jubilación (la del sector público o Caja Fiscal, el IPS par trabajadores privados formales, caja municipal, caja de Itaipú, caja bancaria, la de funcionarios de la ANDE, de los ferroviarios y la caja parlamentaria), solo tres de cada 10 paraguayos acceden a una jubilación.
En este contexto en el que una minoría se jubila y que muchas persona que no acceden a ese derecho están pagando la jubilación del sector público, el Gobierno de Santiago Peña, a través del MEF, planteó un proyecto de reforma de la Caja Fiscal.
Ese plan inicial del Ejecutivo planteaba reducir el déficit en 60%. Ni siquiera lo cubría completamente, pero al menos establecía exigencias para quienes no las tenían.
Se establecía que los docentes, militares y policías se jubilen con la edad mínima de 57 años. En el primer caso, elevando los años de aporte a 25 años y en el caso de las fuerzas públicas, a 20 años.
El Estado aportaría 3% y el trabajador de esos sectores deficitarios, 19%.
Lo que pasó en el Congreso
Sin embargo, en el Congreso, la Cámara de Diputados cambió algunos puntos del proyecto original. Para magistrados judiciales y docentes dejó edad mínima de 55 años (jubilación extraordinaria) con 30 años de aporte, mientras que para la ordinaria, 57 años de edad y 25 años de aporte.
En el caso de las fuerzas públicas, se dejó 57 años con 25 años de aporte.
El proyecto de ley tuvo media sanción y pasó al Senado, donde terminaron por cambiar completamente el plan original. Con al versión del a Cámara Alta, los cambios solo van a alcanzar a cubrir menos del 50% del déficit de la Caja Fiscal.
Los senadores dejaron en 53 años de edad para la jubilación ordinaria de docentes y magistrados judiciales, con 25 años de aporte. Mientras que para policías y militares, dejaron en 55 años con 25 años de aporte.
La tasa de sustitución también fue cambiando entre cada versión aprobada (es decir, el porcentaje del salario con el que se jubila la persona).
La alarmante situación: La Caja Fiscal se comerá más recursos de los contribuyentes
Según los cálculos actuariales del MEF, o sea de los estudios de este tema, en los próximos 10 años sin una reforma real, el déficit del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público sería de 9.800 millones de dólares.
Eso significa que el dinero que aportamos todos los contribuentes, en lugar de ir a inversión en Salud, Educación, Obras Públicas o Seguridad, irá a solventar la jubilación de la gente que hoy tiene livianas exigencias para acceder a una privilegiada jubilación.
Segunda vuelta en Diputados
Este martes, los diputados deben decidir qué hacer con este proyecto de ley. Pueden ratificarse en su versión original o bien, aceptar la versión -aún más liviana- del Senado.
Los analistas económicos coinciden en que esta no es una reforma real y que si no hay cambios profundos, la economía paraguaya colapsará más temprano que tarde, perjudicando a todos los paraguayos y paraguayas (incluso a aquellos que hoy son beneficiados por privilegios en sus parámetros de jubilación).