Paraguay ha hecho del déficit fiscal del 1,5% del PIB una especie de credencial de buena conducta macroeconómica. Ese número —repetido hasta el cansancio— ha sido clave para sostener el relato que permitió alcanzar el grado de inversión.
Pero el Presupuesto 2026 expone una verdad incómoda: ese equilibrio fiscal no es el resultado de disciplina, sino de una práctica sistemática de distorsión. Lo que estamos viendo no es política fiscal responsable. Es gaslighting.
Una construcción deliberada de una realidad que no existe, sostenida mediante omisiones contables y supuestos irreales.
El déficit que no se ve
El problema no es nuevo, pero hoy es inocultable.
El Estado paraguayo ha venido sosteniendo su “equilibrio fiscal” mediante la acumulación de deuda no registrada en el momento en que se genera. La llamada deuda flotante —con proveedores, farmacéuticas y especialmente constructoras viales— no desaparece: se posterga.
Y se posterga con un objetivo claro: que no impacte en el resultado fiscal del año.
No se trata de un episodio aislado ni atribuible a una administración en particular. Es una práctica que se ha ido consolidando en el tiempo como mecanismo para sostener una cifra —el 1,5% del PIB— que opera más como ancla política que como reflejo fiel de las cuentas públicas.
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El propio gobierno reconoció haber recibido una deuda flotante cercana a US$ 600 millones, que justificó para la emisión de nuevos bonos y acuerdos crediticios. Hoy, esa cifra alcanza cientos de millones de dólares. Si a esto se suman otros compromisos no transparentados en su totalidad, el pasivo real es sustancialmente mayor, aunque no exista una cifra consolidada oficial.
No hubo ajuste fiscal. Hubo diferimiento de pagos.
Endeudarse para no pagar
La distorsión alcanza niveles difíciles de justificar.
El Estado emitió bonos, acumuló recursos en caja y, aun así, decidió no honra sus obligaciones con proveedores. La razón no es financiera. Es contable: pagar habría hecho visible el verdadero déficit.
El resultado es una anomalía que desarma cualquier narrativa de disciplina fiscal: se pagan intereses por la deuda emitida mientras se generan intereses moratorios por las obligaciones impagas. No es falta de recursos. Es administración orientada a sostener una cifra.
Una práctica estructural
Esta forma de operar no es coyuntural ni excepcional. Se ha ido consolidando, a lo largo del tiempo, como un mecanismo funcional para preservar la apariencia de equilibrio fiscal.
Lo que cambia hoy no es la práctica, sino su escala y su visibilidad.
Sectores directamente afectados —como la Cavialpa— han comenzado a exponer públicamente el problema. Y ese punto es crítico: cuando los proveedores del propio Estado pasan de ser acreedores silenciosos a denunciantes, la consistencia del relato fiscal empieza a resquebrajarse.
Porque el gaslighting fiscal funciona mientras la distorsión no tenga costos visibles. Hoy, esos costos ya están sobre la mesa.
El presupuesto construido sobre un tipo de cambio ficticio
El Presupuesto 2026 agrega un elemento adicional de distorsión: fue construido sobre un tipo de cambio cercano a G. 7.800 por dólar, cuando el mercado ya operaba en torno a G. 6.800.
No es la primera vez que se utiliza este supuesto. Ya era cuestionable en contextos donde el dólar venía subiendo, pero hoy es doblemente erróneo. Con un dólar más débil, la inconsistencia queda al descubierto y el carácter discrecional del cálculo ya no puede ocultarse.
Este supuesto inflado no es un error técnico. Responde a una lógica clara. Permite sobreestimar ingresos en guaraníes, construir la ilusión de mayor espacio fiscal y habilitar incrementos de gasto que, en condiciones reales, no serían sostenibles. En un año electoral, este tipo de supuestos deja de ser una decisión técnica para convertirse en un instrumento político.
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Gasto político sobre una base ficticia
El resultado es previsible. Aumentos salariales discrecionales, bonificaciones que no responden a criterios de productividad y una expansión del gasto en un contexto sin respaldo real.
El presupuesto deja de ser un instrumento de planificación para convertirse en una herramienta de distribución política de recursos.
Pero lo hace sobre una base que no existe.
El verdadero déficit
Si se incorporan las deudas postergadas —tanto las vencidas como aquellas que inevitablemente deberán reconocerse— el déficit fiscal no es 1,5%. Se ubica, razonablemente, entre 3% y 4% del PIB. Es decir, el doble.
La diferencia no es técnica. Es contable.
El límite del gaslighting
El problema con el gaslighting fiscal es que funciona solo mientras no sea cuestionado con suficiente evidencia. Ese umbral parece estar alcanzándose.
Cuando gremios empresariales, proveedores del Estado y analistas comienzan a señalar inconsistencias de manera sistemática, la narrativa pierde eficacia. Y cuando esa información circula —como ya ocurre— los márgenes para sostenerla se reducen.
Ni el Fondo Monetario Internacional ni las calificadoras de riesgo operan en el vacío. Siguen señales. Y esas señales están cambiando.
Lo que viene: sinceramiento o colisión
El próximo responsable de la política fiscal enfrentará una disyuntiva inevitable: sostener la ficción del 1,5%, profundizando las distorsiones, o transparentar las cuentas y asumir un déficit real significativamente mayor.
Lo segundo implica costos políticos. Lo primero, costos económicos crecientes.
Porque este esquema no es neutro: deteriora la cadena de pagos, aumenta el costo financiero del Estado y erosiona la credibilidad fiscal en el mediano plazo.
Conclusión: el problema no es el déficit, es la mentira
No sabemos cuánto es la deuda real del Estado paraguayo. Y ese no es un detalle técnico: es el corazón del problema. Porque cuando un gobierno no puede —o no quiere— consolidar y transparentar el total de sus obligaciones, lo que está en cuestión no es el nivel del déficit fiscal, sino la veracidad de las cuentas públicas.
Hoy se discute si el déficit es 1,5% o 3%, pero esa discusión es, en sí misma, parte del problema: es una distracción construida sobre cifras incompletas. La realidad es más simple y más grave. Paraguay está operando con un sistema fiscal que decide qué deuda mostrar y cuál ocultar, según convenga al relato. Y mientras esa práctica continúe, ningún número —ni el 1,5%, ni el 3%— tendrá credibilidad.
La evidencia ya es demasiado visible —en proveedores impagos, en deuda acumulada y en crecientes cuestionamientos públicos— como para sostener la ficción. Porque el problema no es cuánto debemos. Es que no estamos diciendo la verdad. El próximo ministro no heredará un déficit. Heredará una ficción.
El punto ya no es político. Incluso cuando el debate comienza a trasladarse al terreno de las responsabilidades, lo que emerge es algo más profundo: una restricción económica que no admite seguir sosteniendo una narrativa de éxito basada en cifras que ocultaban la verdadera situación fiscal.
Porque el ajuste fiscal no es una opción política que pueda postergarse indefinidamente. Es una corrección económica que, tarde o temprano, se impone.
El Gaslight Effect del Presupuesto 2026 —esa construcción deliberada de una realidad que no existe— no termina cuando se reconoce la distorsión. Termina cuando ya no se puede seguir postergando el pago de las deudas del Estado para ocultar el verdadero déficit: una ilusión de responsabilidad fiscal que sostuvo el relato —y el grado de inversión— a costa de deteriorar la economía real y afectar la calidad de vida de la población.
Y ese momento —más cerca de lo que parece— no será una decisión. Será cuando el costo de sostener la ficción sea mayor que el costo de decir la verdad.