Lejos de retroceder en su postura crítica frente a la reciente promulgación de los decretos 5860/26 y 5861/26, el gremio que nuclea a los profesionales de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) mantiene y explica la posición que manifestaron en un comunicado el lunes úlitmo.
Manuel Mettel, presidente de la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), confirmó que, pese a las declaraciones del titular de la estatal, Félix Sosa, hasta la fecha no han recibido una invitación formal para dialogar sobre estas normativas.
Para la UIA, las modificaciones que introdujo el Poder Ejecutivo en los decretos 5306 y 5307 no resuelven sus deficiencias de fondo. Una de las mayores preocupaciones radica en el Decreto 5860/26, que regula a las industrias convergentes. Según Mettel, la normativa no establece límites de potencia, lo que abre la puerta a una expansión descontrolada de la demanda que el sistema eléctrico podría no soportar.
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Además, cuestionan que se iguale la tarifa a la de las criptominerías —cuyos contratos vencen en 2027— pero extendiendo el beneficio por un plazo de hasta 15 años. “Se genera una distorsión temporal injustificada”, afirmó el profesional, señalando que los ajustes previstos son meramente económicos (inflación) y omiten los costos reales de generación o importación de energía.
Subsidios millonarios y riesgo de desabastecimiento
Respecto al Decreto 5861/26, el gremio advierte que se consolida una tarifa subsidiada en un 33% comparada con la de criptomonedas, sin mecanismos de reajuste. Este escenario implicaría un subsidio de aproximadamente 30 millones de dólares, una cifra que triplica lo destinado actualmente a la tarifa social (US$ 7 millones en 2024).
“Ese monto deberá ser absorbido por los demás clientes, o por el Estado, lo cual resulta inaceptable”, sentenció Mettel. Los ingenieros sostienen que, al no considerarse el agotamiento del excedente energético, se compromete el abastecimiento futuro.
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Desmienten consenso en la redacción
Consultado sobre las afirmaciones de Félix Sosa, quien sugirió que la nueva directiva de la UIA —que asumió el pasado 24 de marzo— desconocía el trabajo previo, Mettel fue tajante. Aclaró que si bien participaron en reuniones con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), estas fueron de carácter informativo y no decisorio.
“La UIA no participó en la redacción del contenido final de los decretos y deslinda toda responsabilidad sobre lo finalmente promulgado”, subrayó el titular del gremio.
Ante este panorama, la propuesta de los técnicos es derogar los decretos actuales y realizar una revisión integral que incorpore límites de potencia vinculados con la capacidad real del sistema y esquemas tarifarios dinámicos basados en costos de inversión y no solo en índices macroeconómicos.
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“Decisiones de largo plazo sin sustento técnico completo pueden comprometer el abastecimiento energético futuro, generar subsidios cruzados encubiertos y afectar a los usuarios finales y a la estabilidad del sistema eléctrico nacional”, concluyó Mettel.