Pese al reciente anuncio del Gobierno sobre el ajuste al alza de las tarifas para industrias electrointensivas (criptominería e industrias de hidrógeno), el conflicto en el sector energético está lejos de cerrarse. La Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA) manifestó su abierta protesta y disconformidad con las nuevas normativas que promulgó Santiago Peña, denunciando que los cambios son insuficientes y que el riesgo de un perjuicio económico para el ciudadano común sigue latente.
El gremio de técnicos sostiene que el Decreto N.° 5860/26, destinado a las “Industrias Convergentes”, persiste en el error de fijar tarifas por un plazo de 15 años.
Según la UIA, esa decisión es peligrosa porque el Paraguay está cerca de agotar su excedente de energía hidroeléctrica, situación que forzará a la ANDE a invertir en fuentes de generación mucho más costosas para cubrir la demanda futura.
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El fantasma del subsidio indirecto
Para la UIA, el beneficio otorgado a los grandes consumidores electrointensivos terminará siendo pagado por el resto de la población. El comunicado advierte que los sobrecostos de generación “deberán ser trasladados al conjunto de los usuarios —incluyendo industrias, comercios y consumidores de menor porte—”, propiciando un esquema en el que el ciudadano común termina subsidiando a sectores con escaso retorno social.
“Se genera un esquema de subsidio indirecto en favor de los grandes consumidores electrointensivos. El nuevo decreto no corrige otros vicios ni fija límites en la potencia destinada a este sector", reclama la UIA.
Desmienten participación deliberativa
Los técnicos también señalan la mención a la Mesa Técnica que el Gobierno utilizó como base para validar los decretos. La UIA fue tajante al deslindar toda responsabilidad en la redacción de los documentos finales, asegurando que su participación fue meramente informativa y no decisoria.
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“El accionar de dicha Mesa se ha limitado a reuniones de análisis genérico (...) no pudiendo considerarse dicho ámbito con un espacio deliberativo“, aclararon los profesionales con la clara intención de despegarse de la firma de Peña.
Finalmente, los ingenieros alertaron que la implementación de estas tarifas “deficitarias” para proyectos de “Energía a X” (limitados ahora a un tope de 250 MW) y otras industrias afines, compromete la sostenibilidad financiera, operativa y estratégica de la estatal eléctrica.
El gremio anunció que mantendrá una vigilancia permanente sobre estas disposiciones, al considerar que la política energética actual sigue apostando a sectores que comprometen los márgenes de reserva y seguridad del sistema nacional, sin traer beneficios claros para el desarrollo del país.