La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) dio un nuevo golpe contra las conexiones irregulares tras intervenir dos suministros de alta demanda en los departamentos de Caaguazú y Presidente Hayes. Según informó la institución, las maniobras detectadas permitían a los propietarios evadir gran parte del costo real de su consumo, afectando no solo las arcas del Estado sino también la estabilidad del servicio en dichas zonas.
En la localidad de Virgen del Pilar Ex Pindoty, departamento de Caaguazú, los técnicos de la ANDE desembarcaron en la firma Agropecuaria Fortaleza Natural S.A., identificada con el NIS 2.306.838. El establecimiento cuenta con un transformador de 300 kVA, pero el equipo de medición estaba lejos de reflejar la carga real utilizada por la empresa.
Al realizar la inspección, se constató que existía una derivación en dos de las tres fases del sistema de medición. Esta manipulación permitía que el medidor dejara de registrar el 66% del consumo real de energía. El perjuicio económico calculado para este caso específico asciende a Gs. 58.852.442, monto al que deberán sumarse los gastos de intervención y las multas contempladas en la Ley 966/64.
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Operativo en el Bajo Chaco
Por otro lado, en el marco del denominado “Operativo Remansito 2”, los funcionarios de la ANDE intervinieron un centro comercial ubicado en la zona de Remansito, Presidente Hayes. El suministro, a nombre de Mario Denis Lezcano (NIS 1664493), presentaba una interrupción en el circuito de corriente de la fase 1, lo que invalidaba cualquier registro fidedigno del consumo mensual.
En este procedimiento, la ANDE aplicó una facturación de Gs. 60.968.474 en concepto de daño patrimonial y multas. A diferencia del caso en Caaguazú, aquí la denuncia ante la Fiscalía Zonal de Villa Hayes incluyó no solo la sustracción de energía, sino también el hecho punible de perturbación a la paz pública.
Desde la institución recordaron que estas prácticas ilegales son una de las principales causas de los cortes y la baja tensión que sufren los usuarios que pagan regularmente sus facturas.
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“Este tipo de irregularidades no solo genera un perjuicio económico directo a la institución, sino que también impacta en la calidad del servicio eléctrico que reciben los usuarios”, señalaron desde la estatal.
La ANDE insta a la ciudadanía a seguir denunciando estos hechos de manera anónima a través de su página web o la aplicación MI ANDE. La persecución penal de estos delitos busca frenar el sangrado financiero que representan las pérdidas no técnicas para el sistema eléctrico nacional.