En una reunión de la Mesa Directiva del Senado, el presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, junto a su equipo técnico, expuso ante legisladores la crítica situación que atraviesa el proyecto inconcluso y el impacto económico que genera la actual operativa de la alcoholera estatal de Mauricio José Troche (Guairá).
El director jurídico de la petrolera estatal, Iván Filártiga, explicó que el contrato original fue rescindido en 2024 tras una auditoría que detectó “una supuesta sobrefacturación o sobrecosto de los equipos”. Sin embargo, la decisión fue impugnada por la contratista EISA, que logró una medida cautelar ante el Tribunal de Cuentas.
“La resolución administrativa que rescindió el contrato hoy se encuentra suspendida”, informó Filártiga, al detallar que esta decisión judicial mantiene el contrato vigente —aunque paralizado— e impide a la estatal avanzar con nuevas alternativas. Justamente, tras esta medida, fue suspendida una nueva licitación de la estatal que buscaba completar las obras.
Lea más: Eddie Jara dejó el tren de molienda de Troche judicializado y en crisis con los cañeros
Filártiga agregó que Petropar ya apeló la medida ante la Corte Suprema de Justicia, buscando destrabar la situación. “Solicitamos que se levante la medida cautelar y que Petropar pueda seguir, ya sea con un nuevo proceso o con otras alternativas”, indicó.
Uno de los puntos cuestionados es la baja caución que presentó la contratista en el marco del juicio en curso. “Fueron aproximadamente 500 millones de guaraníes”, precisó Filártiga, en contraste con un contrato de alrededor de US$ 30 millones y un anticipo pagado cercano a los US$ 7 millones.
Cara y marginal: pérdidas de la planta de Troche
Mientras el proyecto del tren de molienda sigue sin definiciones, Petropar continúa operando la vieja alcoholera de Troche en condiciones que el propio titular de la estatal calificó como desfavorables.
“Producir un litro de alcohol nos cuesta cerca de 11.000 guaraníes, mientras que en el sector privado compramos a casi 6.000 guaraníes”, admitió Wilka ante los senadores.
El titular de Petropar reconoció que la planta apenas cubre entre el 15% y el 20% del etanol que necesita la estatal. “Tengo un sobrecosto bastante alto y es mínima también la producción que estoy teniendo”, admitió.
Actualmente, Petropar adquiere la mayor parte del alcohol que necesita de empresas privadas, pese a que cuenta con una planta propia, que opera con tecnología obsoleta. Según Wilka, la instalación tiene más de 40 años, lecho que limita su eficiencia.
Promesas atadas a una obra paralizada
Wilka defendió la necesidad de concluir el tren de molienda, argumentando que una planta nueva permitiría reducir costos. “Está demostrado que con una fábrica nueva vamos a tener mayor capacidad de extracción y menor costo de mantenimiento”, afirmó.
Según sus estimaciones, la modernización permitiría reducir el costo del alcohol entre un 20% y 25% por zafra. No obstante, estos beneficios dependen de destrabar un proyecto actualmente atrapado en instancias judiciales.
Un contrato millonario y un “elefante blanco”
El tren de molienda fue adjudicado en 2021 a la empresa EISA, por G. 195.299 millones, durante la administración de Denis Lichi (actual gobernador de Cordillera). La firma no concluyó la obra dentro del plazo, pese a haber recibido un anticipo de más de G. 41.800 millones.
Posteriormente, tras un avenimiento ante la DNCP en 2023, se subcontrató a la firma Ocho A para finalizar los trabajos. Sin embargo, la administración de Eddie Jara suspendió las obras y finalmente rescindió el contrato en octubre de 2024.
Lea más: Petropar derrochará otros US$ 20 millones para “terminar” planta de Troche
La reacción de EISA derivó en la actual judicialización del caso, que no solo dejó sin efecto la rescisión, sino que también paralizó un nuevo llamado a licitación por más de US$ 20 millones para concluir la planta, lo que también fue cuestionado por sobrefacturación.
Con este escenario, Petropar queda atrapada entre un contrato suspendido, una obra inconclusa y una planta que opera a pérdida, mientras sigue dependiendo del sector privado para cubrir la mayor parte de su demanda de alcohol.
En ese contexto, varios legisladores cuestionaron la continuidad operativa de la planta de Troche a pesar de sus pérdidas, y sostuvieron que su funcionamiento responde más a intereses políticos que a criterios de eficiencia. Según señalaron, la alcoholera se mantiene activa porque beneficia a operadores colorados del departamento de Guairá, en detrimento de una gestión más racional de los recursos públicos.