En este contexto, la política fiscal adquiere un rol central como herramienta para sostener el desarrollo económico y social. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostiene que la región necesita avanzar hacia políticas públicas más integrales y coordinadas, respaldadas por instituciones sólidas capaces de garantizar continuidad y gestionar los conflictos distributivos. El objetivo consiste en construir un modelo de desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible, que combine crecimiento económico, reducción de desigualdades y sostenibilidad ambiental.
Para alcanzar estos objetivos, no solo resulta necesario ampliar los recursos disponibles, sino también mejorar la calidad del gasto público y la eficiencia de los sistemas tributarios. En este sentido, los instrumentos fiscales cumplen un papel estratégico, especialmente aquellos orientados a canalizar apoyo social de forma eficiente, transparente y equitativa, garantizando el acceso a servicios esenciales como salud, educación, vivienda, protección social y empleo.
Dentro de estos instrumentos, los gastos tributarios orientados a objetivos sociales tienen una relevancia significativa en la mayoría de los países de ALC. Estos mecanismos consisten en tratamientos tributarios preferenciales que reducen la carga fiscal de determinados contribuyentes, sectores o actividades con el objetivo de apoyar a hogares, personas o áreas consideradas prioritarias desde el punto de vista social. Entre las modalidades más utilizadas se encuentran exenciones, deducciones, créditos fiscales, alícuotas reducidas y diferimientos impositivos.
De acuerdo con la CEPAL y Oxfam Internacional, el gasto tributario representa los ingresos que el Estado deja de percibir debido a la aplicación de estos tratamientos diferenciales, con la finalidad de alcanzar determinados objetivos de política pública. Estos incentivos pueden dirigirse tanto a personas y hogares, mediante beneficios vinculados al gasto en salud o educación, como a empresas u organizaciones que proveen bienes y servicios sociales.
La CEPAL destaca que estos instrumentos buscan complementar el gasto público social tradicional, contribuyendo a mejorar el bienestar general, reducir desigualdades y elevar la calidad de vida de la población. Sin embargo, la región todavía enfrenta limitaciones importantes en materia de información y evaluación sobre la efectividad de estos mecanismos, su impacto distributivo, su costo fiscal y su coherencia con estrategias de desarrollo inclusivo y sostenible.
El análisis regional muestra que los gastos tributarios sociales se concentran, principalmente, en la función de protección social, que representa el 46% del total de disposiciones identificadas en América Latina y el Caribe. Esto refleja la importancia de los beneficios fiscales vinculados a seguridad social, asistencia e inclusión de grupos vulnerables. En segundo lugar, aparecen las actividades recreativas, culturales y religiosas, con el 20% del total, seguidas por vivienda y servicios comunitarios, con el 13%.
Por otra parte, el sector salud concentra el 11% de las disposiciones tributarias sociales, incluyendo beneficios relacionados con atención médica, prevención sanitaria y medicamentos. Finalmente, el 10% restante corresponde al ámbito educativo, mediante incentivos destinados tanto a instituciones de enseñanza como a gastos educativos de los hogares.
Los datos de la CEPAL muestran diferencias importantes entre los países de la región respecto a la cantidad y orientación de estos instrumentos tributarios sociales. Paraguay aparece entre los países con menor número de disposiciones tributarias orientadas a objetivos sociales, con un total de 24 medidas registradas en 2023, muy por debajo de economías como Brasil, que alcanza 101 disposiciones, México con 51 o Uruguay con 68.
En el caso paraguayo, la distribución de los incentivos sociales presenta una estructura relativamente equilibrada entre distintas áreas. Protección social concentra 5 disposiciones, educación 6, salud 4, vivienda y servicios comunitarios 4, mientras que actividades recreativas, cultura y religión registran 5 medidas. A diferencia de otros países de la región, Paraguay no presenta una concentración marcada en una sola categoría, aunque el número total de instrumentos continúa siendo reducido.
Brasil lidera ampliamente la región tanto en cantidad total como en enfoque hacia protección social, actividades recreativas, cultura y religión, con 37 y 33 disposiciones, respectivamente. Ecuador también muestra una elevada cantidad de medidas sociales, con 74 disposiciones, de las cuales 50 corresponden a protección social. Uruguay, por su parte, se destaca por el peso relativo de vivienda y servicios comunitarios, con 21 disposiciones sobre un total de 68.
El promedio regional evidencia que la protección social representa el principal destino de los gastos tributarios sociales, concentrando el 46% del total regional. Paraguay se ubica por debajo de esta tendencia, dado que sus incentivos aparecen más distribuidos entre distintos sectores. Esto podría reflejar una menor utilización de beneficios tributarios focalizados como herramienta de política social en comparación con otros países latinoamericanos.
El análisis de la CEPAL también plantea interrogantes sobre la efectividad y el impacto real de estos instrumentos. En el caso paraguayo, el desafío no solo pasa por ampliar la cantidad de disposiciones tributarias orientadas a objetivos sociales, sino también por evaluar su eficiencia, focalización y sostenibilidad fiscal, considerando las limitaciones estructurales que enfrenta el país en materia de recaudación tributaria y cobertura social.
* Este material es elaborado por MF Economía e Inversiones.