La diferencia territorial es el primer elemento crítico. Asunción lidera ampliamente con 12,6 años de estudio, una cifra que supera en casi tres años al promedio nacional. Le sigue Central, con 10,8 años, único departamento, además de la Capital, que logra despegarse con claridad del resto. Esto confirma una fuerte concentración del capital humano en el Área Metropolitana, donde existe mayor oferta educativa, más universidades, más empleo formal y mejores condiciones de conectividad. En otras palabras, la educación no solo refleja desigualdad: también la reproduce.
El contraste con los departamentos de menor escolaridad es significativo. Boquerón y Alto Paraguay registran apenas 7,8 años de estudio, mientras que Presidente Hayes llega a 8,0 años, Caazapá a 8,1 años y Canindeyú a 8,3 años. Los datos indican que una parte importante de la población adulta de estas zonas no completó ni siquiera el ciclo básico de la educación media. El problema no puede analizarse únicamente como una cuestión educativa; también expresa limitaciones de infraestructura, dispersión territorial, menor acceso a servicios públicos, pobreza rural y escasas alternativas laborales que incentiven la permanencia en el sistema educativo.
La lectura económica es directa: los departamentos con menor promedio de años de estudio enfrentan más dificultades para atraer inversiones intensivas en conocimiento, tecnología o servicios especializados. Una fuerza laboral con menor formación reduce la productividad potencial, limita la diversificación productiva y refuerza la dependencia de actividades primarias o de baja calificación. En un país que busca crecer más allá del agro, la energía y el comercio, esta brecha constituye un obstáculo serio para avanzar hacia sectores de mayor valor agregado.
También llama la atención que varios departamentos tradicionalmente productivos se mantengan cerca o por debajo del promedio nacional. Alto Paraná registra 9,7 años, al igual que Misiones, mientras que Itapúa alcanza 8,7 años, Caaguazú 8,8 años y Amambay 8,8 años. Aunque algunos de estos territorios tienen fuerte dinamismo agroindustrial, comercial o fronterizo, ese crecimiento no necesariamente se traduce en mayores años de escolaridad para la población adulta. Esto plantea una pregunta de fondo: ¿el crecimiento territorial está generando capacidades humanas suficientes o solo expansión económica con baja inclusión educativa?
El caso de Concepción, Guairá, Paraguarí y Ñeembucú, todos con 9,0 años, muestra una situación intermedia, pero igualmente limitada. Están por debajo del promedio nacional y lejos del desempeño de Asunción y Central. Cordillera, con 9,3 años, también permanece en una posición moderada. La distancia frente a la Capital revela que la descentralización educativa sigue siendo una promesa incompleta.
Finalmente, el dato nacional de 9,8 años no debe leerse con conformismo. Paraguay necesita que la escolaridad efectiva se acerque, como mínimo, a la educación media completa y que esa formación tenga calidad. Más años de estudio no garantizan automáticamente mejores ingresos, pero menos años reducen casi siempre las posibilidades de acceder a empleo formal, capacitación técnica y mejores condiciones de vida. Además, sin una política educativa territorialmente más agresiva, Paraguay corre el riesgo de consolidar un modelo de crecimiento con profundas diferencias entre quienes acceden al conocimiento y quienes quedan fuera de él.
*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones