La propuesta que la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), que ya presentó a las autoridades de la empresa estatal, divide a los grandes consumidores industriales en dos categorías con tratamientos distintos.
El primer grupo sería de las “industrias convergentes”: centros de datos, inteligencia artificial, criptominería y actividades similares que no procesan materia prima. Para este segmento, la UIA propone limitar la potencia total contratable a 700 MW, equivalentes a cerca del 10% de toda la capacidad instalada del país.
El segundo grupo incluye a industrias con un proceso productivo real y mayor encadenamiento económico, como el proyecto de hidrógeno verde de Atome y otros. Para estas, la propuesta es separar del pliego general a los grandes consumidores en 220 kV y 66 kV, y crear un pliego tarifario propio, a “tarifa técnica”, desligado del componente social y político que rige la tarifa residencial y de media/baja tensión del Pliego N° 21.
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“Que a los grandes consumidores sí se les cobre la tarifa que tiene que ser, la tarifa técnica”, planteó Fernández, quien remarcó que ese esquema no debería alterar la tarifa de los consumidores residenciales. Según sus cálculos, con las condiciones actuales esa tarifa técnica equivaldría a US$ 44, que es lo que hoy debería pagar Atome.
Subasta con piso de US$ 56 por MWh
Para el grupo de las industrias convergentes, la UIA propone que la adjudicación del cupo de 700 MW se resuelva mediante una licitación tipo “subasta al alza”, en la que compitan tanto las empresas electrointensivas que ya operan en el país —cuyos contratos vencen en 2027— como los nuevos interesados.
“Sería cuestión a discutir, pero lo ideal es que participen directamente las empresas con las que la ANDE va a entrar en relación comercial”, explicó Fernández, quien puso como ejemplo hipotético a una firma como Penguin, aunque aclaró que podría ser “cualquier otra empresa que se dedique al rubro”.
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Como piso de precio, el ingeniero Fernáncez planteó sumar la actual tarifa técnica de US$ 44 por MWh a los US$ 12 de compensación por cesión de energía (que se dejaría de enviar al Brasil), lo que da un mínimo de US$ 56 por MWh, “y si querés, le podés poner algo más”.
El objetivo, dijo, es que la ANDE no pierda ingresos por cesión y que, además, quede margen para un fondo de refuerzo de infraestructura.
Los contratos resultantes deberían tener una duración de entre 3 y 5 años como máximo, según la propuesta, para dar previsibilidad sin comprometer al sistema a plazos más largos. “Si en 3 años sabemos qué va a ocurrir, eso te da una definición”, resumió Fernández.
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¿Por qué el límite es de 700 MW?
Los técnicos sustentan el tope en dos argumentos. El primero, de seguridad operativa: una carga de 2.000 MW sobre un sistema de unos 5.000 MW sería, según Fernández, “una carga disruptiva” difícil de sostener sin riesgo para la confiabilidad del suministro.
El segundo argumento es económico. Mettel destacó que el crecimiento de la demanda energética de estas industrias hasta ahora no se tradujo en un salto equivalente del PIB paraguayo, que siguió creciendo en su rango habitual de 4% a 6% pese a que la demanda eléctrica subió cerca de 50% en los últimos tres años. Tampoco encontraron mejoras claras en la situación financiera de la ANDE atribuibles a estas cargas.
“¿Para qué seguimos destinando el 25% de nuestra energía, y hasta sin límite, si no estás teniendo ningún beneficio país?”, cuestionó Fernández, quien planteó que la verdadera discusión de fondo es a quién se destinan los recursos hidroeléctricos, que consideró “un bien de todos”.
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Cronograma: recién en 2028
La UIA plantea que el nuevo esquema entre en vigencia recién el 1 de enero de 2028, una vez vencidos los contratos actuales del Grupo de Consumo Intensivo Especial en diciembre de 2027, para evitar conflictos jurídicos causados por los contratos vigentes.
Fernández estimó que, para ordenar los tiempos, la licitación debería adjudicarse “a mediados del año que viene”, es decir 2027, de manera que las reglas nuevas rijan desde el primer día de 2028.
Advirtió, no obstante, que la definición del Anexo C de Itaipú es una variable crítica: si Paraguay debe salir a “contratar por la punta” para cubrir a estas industrias, el costo podría subir aunque baje el precio de la energía proveniente de nuestra hidroeléctrica compartida con el Brasil.
La ANDE ya tiene la propuesta sobre la mesa
Según Mettel, la UIA ya trasladó su planteamiento a las autoridades de la empresa estatal. “Hicimos una presentación en nuestro conversatorio (...) tuvimos una reunión donde también quedó pendiente una presentación de parte suya hacia nuestra comisión”, relató. Confirmó que la ANDE también estaría preparando su propia propuesta de cambios. El gremio anunció además su intención de elaborar un informe ejecutivo y hacerlo público.
El planteo de la UIA se suma así a la disputa abierta desde la derogación de los decretos que beneficiaban a Atome con una tarifa fija a 15 años, y llega en momentos en que el Senado y el sector empresarial reclaman mayor transparencia sobre el futuro del proyecto de US$ 665 millones en Villeta, que hoy se encuentra en la nebulosa.