El retroceso adquiere mayor relevancia debido a que estos recursos tienen una distribución predeterminada: 80% corresponde al Fonae y 20% a los gobiernos municipales. En términos prácticos, por cada US$ 100 que dejan de ingresar, US$ 80 afectan el financiamiento de la alimentación escolar y US$ 20 reducen la disponibilidad de fondos de las municipalidades.
Entre enero y junio de 2026, el Fonae recibió US$ 47.005.611, frente a US$ 77.951.767 en igual periodo de 2025. Esto representa una disminución de US$ 30.946.156, también equivalente a 39,7%.
La Ley Nº 7264/2024 creó el Fonae con el propósito de avanzar hacia la universalización equitativa de la alimentación escolar. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema no depende solo de la existencia de una fuente legalmente asignada, sino también de su capacidad para generar ingresos suficientes y previsibles. Los contratos de provisión de alimentos, la logística, el almacenamiento y la distribución representan compromisos que no pueden ajustarse con la misma rapidez que los ingresos provenientes de la cesión de energía.
El impacto también alcanza a los gobiernos municipales. Las transferencias acumuladas destinadas a este grupo descendieron de US$ 19.487.942 en el primer semestre de 2025 a US$ 11.751.403 en 2026. La reducción fue de US$ 7.736.539. Para los municipios con menores ingresos propios, esta diferencia puede limitar la ejecución de obras, el mantenimiento de infraestructura, la prestación de servicios locales o el financiamiento de contrapartidas para otros programas.
La situación de junio expone con mayor claridad la intensidad del deterioro. Durante ese mes, el total distribuido cayó de US$ 13.229.388 en 2025 a US$ 3.303.665 en 2026, una disminución de US$ 9.925.723 o 75,0%. El Fonae recibió US$ 2.642.932, frente a US$ 10.583.510 un año antes, por lo que perdió US$ 7.940.578. Los gobiernos municipales, por su parte, recibieron apenas US$ 660.733, contra US$ 2.645.878 en junio de 2025, una diferencia de US$ 1.985.145.
La magnitud del ajuste plantea interrogantes sobre el calce entre los recursos efectivamente transferidos y las obligaciones asociadas a la alimentación escolar, especialmente porque se trata de un gasto que requiere continuidad durante el calendario educativo y que, ante la reducción de los fondos, debe financiarse con Recursos Genuinos del Tesoro. Componente que ya viene registrando una considerable desaceleración también por el lado de los ingresos tributarios.
Finalmente, la caída de 39,7% no constituye una variación marginal: representa una presión concreta sobre un programa social prioritario y sobre administraciones municipales que dependen de transferencias externas. El principal desafío consiste en evitar que una fuente volátil financie compromisos permanentes sin mecanismos claros de estabilización o cobertura.
*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones