3 de agosto de 2026

Más de 300 alumnos de una escuela del barrio San Rafael deben dar clases en deplorables condiciones debido a una obra inconclusa de la Municipalidad de Ciudad del Este. Las reparaciones comenzaron en noviembre del año pasado, pero hasta la fecha no concluyeron y, hace más de dos meses, los trabajos se encuentran paralizados.
El precandidato a intendente de Santa Elena, Saúl López (ANR, abdista), reveló que varios trabajadores fueron desligados sin explicación alguna del Programa “Hambre Cero”, gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social y las Gobernaciones, con recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar. Según el denunciante, el motivo habría sido que los excluidos no son adherentes del cartismo. Arbitrariedades similares, relacionadas con las elecciones internas previas a las municipales del próximo 4 de octubre, salieron a la luz en al menos otras siete localidades de la región Oriental, siendo de temer que los casos silenciados sean mucho más numerosos. El presidente de la Cámara Paraguaya de Alimentación Escolar, Víctor Mendoza, no tuvo reparos en admitir que sus miembros reciben presiones políticas a la hora de contratar personal. Así como fue de miserables lucrar con el dolor ajeno mediante negociados, como ocurrió en época de la pandemia, también lo es hacerlo con la alimentación de los alumnos. Es de rigor pedir castigo para los responsables de tan indignante proceder.

Por desidia del MEC y de la Municipalidad de Asunción, los alumnos de la Escuela Básica N° 225 Juan León Mallorquín, del barrio Carlos Antonio López, iniciarán las clases en medio de obras de construcción de un pabellón que ya se encuentra en riesgo de derrumbe. Los trabajos, afirman, todavía no tienen fecha de inicio, mientras que el regreso a las aulas está marcado para el 23 de febrero.

El flujo de recursos provenientes de la cesión de energía de Itaipú constituye uno de los pilares más relevantes del financiamiento del Estado paraguayo y de los gobiernos subnacionales. Estos fondos se destinan, principalmente, a programas sociales y a las administraciones municipales. De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante el mes de julio de 2025 las transferencias ascendieron a US$ 12,5 millones, mientras que en el acumulado de los primeros siete meses del año totalizaron US$ 110 millones, lo que pone en evidencia la magnitud de este flujo de ingresos para el país.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene congeladas las transferencias a cinco jefes comunales que no cumplieron con las exigencias legales y administrativas para recibir dinero de tesoro nacional. El imputado intendente de Asunción, Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), encabeza la lista.

En diciembre del 2024 los intendentes y gobernadores recibieron por última vez dinero proveniente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y desde enero pasado los recursos provienen del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae). Los jefes comunales y departamentales debían presentar su rendición de cuentas del segundo cuatrimestre, sin embargo, once de ellos no lo hicieron y 22 lo hicieron fuera de tiempo.