Los agricultores de la compañía Aveiro de Itá, departamento Central, reclaman al Gobierno el fortalecimiento de los controles para frenar el ingreso ilegal de tomates por las fronteras del país.
La comercialización de productos provenientes de Argentina y Brasil genera una competencia desleal que afecta directamente la venta de la producción nacional, aseguraron los horticultores.
Asimismo, exigen que el precio de venta del tomate se mantenga en una base de G. 5.000 por kilogramo, a fin de cubrir los costos de producción y recuperar la inversión realizada durante el cultivo.
Ramón Lezcano, representante de los más de 100 productores de la localidad, explicó que actualmente las ventas son prácticamente nulas debido a la gran cantidad de tomates que ingresan de contrabando, situación que, según afirmó, perjudica gravemente al sector.
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“Nosotros necesitamos una urgente intervención del Gobierno Nacional y de la Policía Nacional para que realicen los controles que corresponden y podamos comercializar nuestros tomates”, expresó.
Agregó que también es necesario que los compradores comprendan que el precio mínimo del producto debe ser de G. 5.000 por kilogramo.
“Necesitamos que se respete ese precio base, porque actualmente nuestro costo de producción supera lo que muchas personas nos quieren ofrecer”, manifestó.
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Los labriegos solicitaron que los controles efectuados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) favorezcan a los productores nacionales y no se conviertan en un obstáculo para la comercialización, como viene ocurriendo desde el año pasado.
Explicaron que, en ocasiones, la institución no autoriza la venta debido a las inscripciones impresas en las cajas utilizadas para el transporte, al presumir que podrían corresponder a envases de tomates ingresados desde el exterior en forma ilegal.