Según un comunicado firmado por las organizaciones Itaipú Causa Nacional e Itaipú es también soberanía/PPP, la Resolución P/N.° 52.552/2026 de la ANDE llegó luego de que el Ejecutivo fracasara en su intento de establecer tarifas para centros de datos mediante los decretos 5.306 y 5.860/2026. Las organizaciones sostienen que el presidente Santiago Peña instruyó al titular de la ANDE, Miguel Báez, a emitir la nueva norma.
La resolución fija un valor en torno a US$ 48,9 por MWh, con un simple reajuste por la devaluación del dólar. En la práctica, sostienen los firmantes, equivale a una tarifa fija a precios constantes durante década y media.
Solo habría una revisión si “la variación del costo medio de generación de la ANDE en el período de dos años resulte ser superior al 30%”. Aun así, aclaran, no habría un reajuste automático: las empresas electrointensivas (EEI) solo deberían negociar una revisión tarifaria integral. Para los denunciantes, el resultado es previsible: si la ANDE debe recurrir a generación más cara por el alto consumo de estas firmas, el sobrecosto recaería sobre los usuarios.
¿Cuánto cuesta realmente la energía?
Los firmantes comparan el valor fijado con lo que hoy obtiene Paraguay por la energía de Itaipú, que cede al Brasil: US$ 50 por MWh, compuestos por US$ 37,4 de costo de la energía garantizada y US$ 12,6 de compensación por cesión. Araico/Crusoe, destacan, recibirá la energía en 220 kV, lo que implica pérdidas y gastos de transmisión, gastos generales de explotación y el 8% sobre la inversión inmovilizada.
Con esos conceptos, y considerando solo la inversión inmovilizada de la ANDE, calculan una tarifa técnica de US$ 63,4 por MWh. Si se suma la inversión en generación, el valor sube a US$ 91,2 por MWh, según datos de 2025. Es casi el doble de lo que pagaría Araico/Crusoe.
También cuestionan la cláusula de reajuste, que sigue la inflación de EE.UU. o un 2,5% anual si esta no supera esa cifra. Recuerdan que el dólar perdió 39,6% de su valor entre 2016 y 2026, unos 3,1% por año, por lo que el 2,5% quedaría por debajo de la pérdida real.
El empleo y el efecto dominó
Otro punto del análisis es el empleo. Citan que la firma HIVE declaró generar 0,83 empleos por MW contratado. En contraste, afirman que las 360.000 empresas del país generan 3,3 millones de empleos, equivalentes a 741 empleos por MW.
Los denunciantes advierten además que la resolución abriría la puerta a otros centros de datos. Señalan que ya hay 1.300 MW instalados en criptominería, que podrían reconvertirse, y solicitudes por otros 6.300 MW, entre ellas un memorando con Taiwán por 1.000 MW y otro con X8-Cloud por 250 MW.
La demanda eléctrica, según el documento, venía creciendo 6% anual hasta 2022. Entre 2022 y 2025 el ritmo fue de 14,4% y en 2026 alcanza 17,9% hasta agosto. De mantenerse la tendencia, estiman que en 2030, o antes, ya no habría excedente hidroeléctrico.
El costo de generar después de 2030
Para los firmantes, el problema surge cuando el país deje de generar con otras fuentes. Estiman que la energía solar continua, necesaria para operar un centro de datos las 24 horas, cuesta unos US$ 200 por MWh. La generación fósil superaría los US$ 100 por MWh, y la importación desde Brasil o Argentina implicaría mayor precio e incertidumbre.
Con un costo de generación de US$ 100 por MWh, calculan que la tarifa técnica de la ANDE subiría a US$ 143,2 por MWh. La diferencia con lo fijado a Araico/Crusoe sería de US$ 94,3 por MWh. En 15 años, estiman un subsidio superior a US$ 3.500 millones que, según ellos, deberá afrontar la población.
Cuestionan también que la ANDE diluya el costo en un promedio de generación y no aplique el costo incremental, pese a que, sostienen, el aumento lo provocan estas empresas. Sin esta energía regalada, aseguran, la hidroelectricidad habría cubierto la demanda a bajo costo hasta 2040.
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Lo que hacen otros países
El comunicado compara la medida con regulaciones de otros países. Menciona que la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó por 417 votos contra 3 la Ratepayer Protection Act, que obliga a las tecnológicas a asumir el costo total de ampliar la red y la generación que requieren.
En Argentina, la Resolución N.° 264/2026 de la Secretaría de Energía exigiría a quienes consuman más del 0,5% de la potencia instalada (unos 80 MW) autogenerar al menos el 80% de su energía cada mes y contar con 100% de potencia firme.
Brasil, según el texto, obliga a los centros de datos a cubrir el 100% de su demanda con autoproducción o contratos de largo plazo basados en renovables. España tramita un proyecto de real decreto que exigiría cubrir el 80% del consumo con renovables en centros de 1 MW o más.
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Piden una investigación
Los firmantes se preguntan por qué el Gobierno no exige algo similar y afirman que Peña y el presidente de la ANDE violaron la Carta Orgánica de la institución al fijar tarifas por debajo del costo. Piden que los órganos de control inicien una investigación de oficio y que los responsables respondan con sus bienes por los daños al Estado.
También advierten que los tratados de protección de inversiones extranjeras podrían amparar a las empresas, como ocurre ahora con el caso Atome.