En la conferencia de prensa de ayer en Mburuvicha Róga, el canciller Rubén Ramírez Lezcano dijo que acordó con su par de Brasil concluir la definición de la tarifa de Itaipú antes de fin de año y abordar el Anexo C durante 2027.
Contó que la negociación avanza en dos niveles: un equipo técnico, coordinado por el ministro de Industria y Comercio (y ahora también consejero de Itaipú), Marco Riquelme, y por el ministro de Minas y Energía de Brasil, Alexandre Silveira de Oliveira, y luego las altas partes. La propuesta final llegaría a Alliana y Lula.
Será el primer viaje oficial de Alliana al Brasil como presidente, probablemente a Brasilia y por iniciativa del mandatario brasileño. Se concretaría, según la propuesta, que se cierre la semana próxima con su par brasileño, con fecha a definir, y en un “un viaje breve”.
El canciller salió al cruce de las críticas que este viaje podría generar por la promesa del Presidente de la República de no viajar: dijo que hay viajes “indispensables”.
Alliana asumió el 6 de noviembre y al jurar decía que “ya se hizo suficiente en el exterior”. El canciller sumó que el viaje a la Cumbre del Mercosur del 4 de diciembre es de ida y vuelta, y que el de Taiwán quedó pospuesto.
Por qué la tarifa
Según Ramírez Lezcano, la tarifa “nos va a permitir tener un presupuesto” para el año próximo y se busca previsibilidad. Hoy rige un acuerdo que vence el 31 de diciembre de 2026. En mayo de 2024, el ahora mandatario destituido por juicio político, Santiago Peña, anunciaba una tarifa de US$ 19,28 por kW/mes para 2024, 2025 y 2026, con la que prometió asegurar US$ 1.250 millones por año para nuestro país. Antes, la tarifa era de US$ 16,71.
El mismo acuerdo dice que, después de 2026, la tarifa debe reflejar solo el costo estricto de operación. Del lado brasileño, el director general Enio Verri apunta a una tarifa de entre US$ 10 y US$ 12 por kW/mes desde 2027, y según Verri, Lula pidió bajarla “lo máximo posible”.
Del lado paraguayo, el panorama era distinto hasta hace poco. En setiembre, Justo Zacarías apuntaba que el Gobierno buscaba una tarifa “un poco elevada” para seguir financiando programas con recursos de Itaipú, y desestimó la versión según la se daba por hecha una baja a US$ 15 o US$ 10.
El Anexo C, otra vez retrasado
El plazo de la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú ya se corrió varias veces. El compromiso original era diciembre de 2024, luego pasó a 2025 y después a 2026. En abril, Verri decía que había “grandes condiciones” de cerrarlo este año. Ahora el canciller lo empuja hacía el 2027.
En marzo de este año, Ramírez Lezcano y su par Mauro Vieira hablaban de la “arquitectura del acuerdo” tras cuatro horas de reunión. El 3 de octubre, Peña dijo que quería cerrar el Anexo C “lo antes posible”, sin dar plazos. Y el 7 de octubre, el canciller lo calificó de “muy, muy avanzado”, pero aclaró que la tarifa de 2027 “se tiene que definir”.
El Anexo C establece las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de Itaipú. Como Paraguay todavía no usa toda la energía que le pertenece, sigue cediendo al Brasil la parte que le sobra. Sin embargo, el acuerdo de 2024, en el contexto de la revisión del Anexo C, permitiría a nuestro país vender su excedente libremente en el mercado brasileño.
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Especialistas consultados por ABC en agosto alertaron sobre un posible “apagón financiero” desde 2027, cuando la tarifa debería bajar al costo de operación. La negociación llega además con una conducción renovada. El Ing. Hugo Zárate, si consigue el acuerdo en el Senado, asume la dirección general paraguaya y, según el jefe de Gabinete, Rolando de Barros Barreto, “va a llevar adelante negociaciones clave”.
Asimismo, el Consejo de Administración también se renovó, teniendo en sus filas hoy al expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos; al ministro de Industria, Marco Riquelme; al jefe de Gabinete, De Barros Barreto; al canciller Ramírez Lezcano, y al titular de la ANDE, Félix Sosa, que es el único que es consejero de la binacional desde 2020.